El Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra el exministro José Luis Ábalos, quien ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos relacionados con organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La sentencia también afecta a su antiguo asesor, Koldo García, con una condena de 19 años, ocho meses y un día, en un contexto que ha sido ampliamente cubierto en medios, como se detalla en la sentencia caso Koldo. Por su parte, el comisionista Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque no ingresará en prisión debido a su colaboración con la justicia.
Organización criminal
El Tribunal Supremo ha probado que Ábalos estableció una organización criminal junto a Koldo García y Víctor de Aldama. Ábalos, quien ascendió a ministro tras su etapa como Secretario de Organización del PSOE en 2017, consolidó su relación con García en los viajes de promoción de Pedro Sánchez y conoció a Aldama en un viaje oficial a México en 2018. La sentencia señala que los tres vieron una oportunidad para obtener beneficios económicos personales mediante el aprovechamiento de su posición política y contactos.
“En el desarrollo de estas relaciones personales, los acusados vieron la oportunidad de obtener un común beneficio económico”, destaca el fallo judicial.
Pagos y beneficios económicos
Víctor de Aldama se comprometió a realizar pagos mensuales de 10.000 euros a Ábalos y García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022. Además, el entorno de Aldama asumió el pago del alquiler de una vivienda de lujo para Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos, en Plaza de España, Madrid, por un total de 82.298 euros.
Otro acuerdo involucró un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso en Paseo de la Castellana a nombre de Ábalos, que no fue ocupado ni se pagó renta alguna. El precio de compra establecido era notoriamente inferior al valor de mercado.
Contratos de mascarillas
La sentencia también revela que en el contexto del contrato de mascarillas que involucra a Puertos del Estado y Adif, Víctor de Aldama canalizó comisiones a través de sus empresas, sumando un total de 6.676.046 euros. Ábalos y García solicitaron parte de estas comisiones, con cantidades específicas de 2 millones y 500.000 euros, respectivamente. Documentación administrativa y comunicaciones electrónicas incautadas fueron vitales para probar estas operaciones.
Casos de Claudia Montes y Jésica Rodríguez
Ábalos y García promovieron la contratación de Claudia Montes en la empresa pública Logirail, tras conocerla en un mitin en Gijón. Montes, descontenta con su ubicación laboral, cesó en su puesto sin enfrentar sanciones, gracias a la intervención de los condenados. En otro caso, Ábalos influyó para que Jésica Rodríguez obtuviera contratos en Ineco y Tragsatec, donde recibió sueldos sin necesidad de desempeñar actividad laboral alguna.
Intervención en Air Europa y otras gestiones
Víctor de Aldama, asesor de Air Europa, facilitó que, a través de García, Ábalos impulsara una nota de prensa del Ministerio de Transportes que anticipaba un rescate económico para la aerolínea, en plena crisis por la pandemia de COVID-19. Como compensación, Ábalos y su familia disfrutaron de una estancia gratuita en Villa Parra, una vivienda vacacional, durante agosto de 2020.
El fallo del Tribunal Supremo destaca la gravedad de las operaciones y el uso indebido de la influencia política de los condenados, revelando un entramado complejo de corrupción y tráfico de influencias que ha culminado en estas severas condenas.
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