El proceso judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanza mientras el juez Juan Carlos Peinado evalúa las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones. Gómez enfrenta imputaciones por cuatro presuntos delitos de corrupción, y el tribunal decidirá en los próximos días si se le retira el pasaporte y se le impone la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado.
Detalles de la audiencia preliminar
Durante la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal de Instancia de Madrid, las acusaciones populares pidieron que se impongan a Begoña Gómez varias medidas preventivas. Entre ellas, se destaca la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de obtener beneficios económicos de la empresa vinculada a un software desarrollado para su cátedra en la Universidad Complutense.
El juez Peinado, encargado del caso, no tomó una decisión inmediata sobre estas medidas durante la sesión del lunes. Sin embargo, se espera que lo haga en los próximos días, tras evaluar las declaraciones y argumentos presentados por las partes implicadas.
Otras implicaciones del caso
Además de Gómez, la asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, enfrenta solicitudes similares de medidas cautelares, mientras que para el empresario Juan Carlos Barrabés no se han solicitado restricciones adicionales.
“La acusación popular argumenta un riesgo de fuga y de posible obstrucción a la justicia por parte de Gómez”, comentó el abogado representante de la acusación, Hazte Oír.
En contraste, la defensa de Gómez, al igual que la Fiscalía, ha solicitado el archivo del caso, afirmando que no hay fundamentos legales suficientes para proceder con un juicio. Señalan que los hechos imputados no constituyen delito alguno y acusan a las partes de actuar con mala fe.
Desarrollo de la vista
La vista, que tuvo lugar con algunas interrupciones debido a las protestas afuera del juzgado, permitió que todas las partes presentaran sus argumentos. La defensa solicitó un cambio de sala para evitar las molestias causadas por los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones del tribunal.
Durante la sesión, el juez Peinado también concedió la palabra a los representantes legales de la Universidad Complutense, que participa como acusación particular al considerarse perjudicada por las supuestas irregularidades.
Expectativas en torno al caso
La audiencia preliminar concluyó sin una resolución definitiva sobre las medidas cautelares, pero marcó el cierre de la fase de instrucción. Ahora, el juez deberá decidir si procede con la apertura de juicio oral contra los tres investigados. Las acusaciones populares han solicitado penas de hasta 24 años de prisión para Gómez y 22 años para su asesora, Cristina Álvarez, en caso de ser halladas culpables de malversación y cooperación necesaria en los delitos atribuidos.
Por su parte, la defensa de Begoña Gómez, que incluye a los abogados de Begoña Gómez, insiste en su inocencia y en que las imputaciones carecen de sustento legal. El desenlace de este proceso judicial es esperado con gran interés, dado el impacto político que podría tener en el actual gobierno.
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