El comisario Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), llevó a cabo un allanamiento sin orden judicial en el taller de la esposa de Luis Bárcenas. Su objetivo era buscar pruebas comprometedoras relacionadas con el extesorero del Partido Popular, quien se encontraba en prisión. Más adelante, Enrique Olivares, disfrazado de cura, irrumpió en el domicilio familiar de los Bárcenas en el barrio de Salamanca, Madrid. Durante el asalto, ató a Rosalía Iglesias, su empleada del hogar y su hijo Guillermo, amenazándolos con un revólver para obtener material que pudiera comprometer al entonces presidente Mariano Rajoy.
Detalles del Allanamiento
En su intervención en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados el 22 de abril de 2021, García Castaño justificó la ausencia de una orden judicial en el allanamiento del taller. Según el comisario, en operaciones de oportunidad e inmediatez no es necesaria dicha orden. El comisario aseguró que estas acciones son comunes en la Policía y afirmó que las instrucciones venían de altos cargos, como el director adjunto operativo Eugenio Pino. García Castaño explicó que el objetivo era culminar la investigación sobre Bárcenas, a quien se le consideraba clave en una trama de corrupción.
No hay papel alguno, nada, en el Ministerio de Interior que ponga operación Kitchen. A mi me llama el director adjunto Operativo [Eugenio] Pino y es el que me dice que necesita mi ayuda para culminar la investigación del señor Bárcenas, que le faltaba una pata. Ese tipo de operaciones es normal, no hace falta orden judicial.
El Asalto al Domicilio Familiar
El 23 de octubre de 2013, Enrique Olivares, bajo el disfraz de cura, entró en el domicilio de los Bárcenas con la intención de obtener los famosos “pendrives”. Olivares logró entrar en el edificio cuando el encargado de custodiar el piso, el chófer de Bárcenas Sergio Ríos, estaba ausente. Olivares amenazó de muerte a la familia si no entregaban el material.
El incidente culminó con Olivares condenado a 22 años de prisión, mientras que el PSOE solicita prisión preventiva para Francisco Martínez por su implicación en el caso Kitchen. Sin embargo, sus vínculos con la operación Kitchen permanecieron en la sombra, gracias en parte al juez Manuel García-Castellón, quien se abstuvo de profundizar en la conexión entre este asalto y la trama política y policial más amplia.
Investigación y Encubrimiento
El fiscal Miguel Serrano desempeñó un papel clave durante la comisión judicial que visitó a Olivares en la cárcel de Aranjuez en enero de 2020. Durante su visita, conversó con un interno que compartía celda con Olivares. Este interno reveló que Olivares parecía conocer al comisario Villarejo, figura central en la trama Kitchen.
A pesar de estos indicios, el juez García-Castellón decidió no indagar más en el asunto. Desestimó el informe de la forense Carmen Baena, quien había advertido que Olivares simulaba su estado de salud, y nombró a otro forense en su lugar, José María Álvarez Leboreiro. La decisión del juez generó críticas, ya que parecía un intento de desviar la atención de las conexiones más profundas de Olivares con la operación Kitchen.
Finalmente, Olivares llegó en silla de ruedas a la Audiencia Nacional en octubre de 2020, donde se negó a hablar, manteniendo su posición de simulación. Álvarez Leboreiro presentó un dictamen que favoreció la decisión del juez de no explorar más a fondo las implicaciones del caso.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!