El Gobierno ha recibido más de 600 alegaciones en respuesta a su propuesta de real decreto que busca imponer nuevas exigencias ambientales y de seguridad digital a los centros de datos en España. Diversos sectores, incluyendo el tecnológico, energético, constructor, inmobiliario y varias administraciones públicas, han manifestado su oposición a los requisitos planteados por el Ejecutivo, que pretende regular las instalaciones digitales futuras.
Nuevas Exigencias Verdes
El proyecto de real decreto establece que los centros de procesamiento de datos (CPD) en España deberán cumplir con estrictos estándares de eficiencia energética e hídrica de acuerdo con las normativas de la Unión Europea. Además, los centros deberán garantizar que el 80% de su consumo eléctrico provenga de fuentes renovables, especialmente de plantas de nueva construcción. Este último requerimiento ha sido particularmente criticado por los promotores de centros de datos, quienes consideran que es prácticamente imposible de cumplir, lo que ha generado numerosas peticiones para modificarlo.
La regulación propuesta implicaría una selección rigurosa de proyectos debido a la gran cantidad de iniciativas actuales en el mercado. Según el Gobierno, se espera que la demanda eléctrica de los centros de datos operativos en 2030 oscile entre 3,5 y 4 gigavatios (GW). No obstante, ya existen proyectos con permisos para utilizar hasta 12,5 GW, y se estima que hay solicitudes en proceso que podrían sumar otros 20 GW.
Algunos territorios, como Aragón y Madrid, presentan concentraciones significativas de proyectos. En Aragón, se han aprobado 3,6 GW para centros de datos, lo que implicaría triplicar la demanda eléctrica actual de la región. En Madrid, se han concedido 4,1 GW, duplicando así su consumo eléctrico.
Poner Orden en el Sector
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se defiende la necesidad de regular este sector clave en la economía moderna. “El Gobierno considera que los centros de datos son infraestructuras esenciales y que España está en posición de seleccionar los mejores, aquellos que ofrezcan beneficios significativos con el menor impacto ambiental y sin incrementar las facturas eléctricas”, señalan fuentes del ministerio.
El Ejecutivo argumenta que muchas de las solicitudes actuales no tienen un respaldo industrial real y que son especulativas. Por ello, planea identificar y apoyar los proyectos más viables y sostenibles.
Preocupaciones Internacionales
El Gobierno también observa con atención el desarrollo de los centros de datos en otros países, como Irlanda, Países Bajos y Estados Unidos, donde el crecimiento desordenado ha provocado aumentos significativos en los precios de la electricidad, tensiones en el suministro de agua y rechazo social. “Queremos evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha causado en otras naciones”, subraya el ministerio.
Entre las más de 600 alegaciones recibidas, muchas se centran en preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con la expansión de las instalaciones digitales, destacando una preocupación compartida por los efectos que esta regulación podría tener en el entorno y la sociedad.
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