El estado de excepción decretado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha logrado disminuir los bloqueos en las carreteras del país, aunque no ha conseguido eliminar completamente una protesta que se ha extendido por 52 días y ha resultado en más de 20 muertes. Según el informe más reciente de la Administradora Boliviana de Carreteras, al menos 27 bloqueos permanecen activos, una cifra menor comparada con los 47 registrados el viernes y los 40 del sábado por la mañana.
Reducción y acuerdos parciales
El gobierno boliviano sostiene que la situación está comenzando a normalizarse tras el despliegue de fuerzas policiales y militares en rutas estratégicas, así como a través de acuerdos alcanzados con algunos grupos de manifestantes. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha declarado que los bloqueos se han reducido en un 60% respecto al punto más crítico del conflicto, cuando se superaron los 100 cortes en todo el país.
Un avance significativo se ha producido en San Julián, ubicado en el departamento de Santa Cruz, donde se logró un acuerdo para levantar las barricadas tras más de un mes de bloqueos. Los manifestantes consiguieron compromisos de las autoridades sobre el mantenimiento de caminos, electrificación, salud, educación, acceso al agua, atención a conflictos de tierras y abastecimiento de combustibles. Tras las negociaciones, se anunció el levantamiento inmediato del bloqueo.
Intervención en carreteras
Las fuerzas de seguridad han comenzado a despejar carreteras en el occidente y centro del país. Desde El Alto y Oruro, contingentes de policías y militares han retirado piedras y otros obstáculos de la ruta que conecta La Paz con Oruro. En algunos tramos, los residentes, afectados por los cortes desde principios de mayo, recibieron a los agentes con aplausos. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, durante un operativo en Achica Arriba, explicó que el objetivo principal era limpiar las vías de lo que calificó como “bloqueos fantasma”, lugares donde ya no había manifestantes presentes.
“La intervención busca limpiar las vías para reanudar el tránsito y garantizar el abastecimiento de suministros esenciales”, afirmó el ministro de Defensa.
El Gobierno asegura que continúa abierto al diálogo con los sectores que presentan demandas legítimas, aunque enfatiza la necesidad de proteger a las comunidades afectadas por el desabastecimiento y la paralización del transporte.
Consecuencias económicas y sociales
El conflicto ha generado problemas de suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de causar significativas pérdidas económicas. Los bloqueos han impactado en el acceso a servicios básicos y atención sanitaria, provocando daños millonarios según las autoridades.
Resistencia y tensiones políticas
A pesar de los acuerdos parciales, la tensión política persiste. Organizaciones campesinas de La Paz, como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, han rechazado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, argumentando que se negoció sin consultar a sus bases. Estos grupos han decidido pausar sus protestas y convocar a una reunión extraordinaria para evaluar la situación y definir nuevas medidas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en la madrugada del domingo el decreto de estado de excepción promovido por Paz. La sesión fue marcada por la tensión política y críticas al vicepresidente Edmand Lara, quien expresó su oposición a la medida pese a presidir el debate. El decreto permite el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para garantizar el orden público y prohíbe los bloqueos de vías, así como el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos.
“Gran parte de las demandas sociales ya han sido atendidas a través de diálogo y acuerdos”, sostiene el Ejecutivo, quien atribuye la persistencia de algunos bloqueos a intereses políticos.
Los sectores movilizados continúan criticando las políticas económicas del Gobierno y la gestión del presidente Paz, cuya renuncia sigue siendo una de las principales exigencias planteadas durante las protestas.
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