Bruselas impone límite de 5 años para alquileres de corta duración

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de ley que busca establecer un marco legal común para abordar la problemática de la vivienda asequible. Esta normativa tiene como objetivo definir las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden restringir los alquileres de corta duración y la adquisición de segundas viviendas, además de proponer una metodología para identificar las zonas tensionadas en el mercado inmobiliario.

Condiciones de Restricción

De acuerdo con la Comisión Europea, las competencias en materia de vivienda son responsabilidad principal de las autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, Bruselas ha destacado que las restricciones a los alquileres pueden afectar la libre competencia en el mercado único. Por ello, se ha propuesto un marco legal que clarifique las acciones que estas autoridades pueden emprender.

Un aspecto central de la propuesta es la definición de una “zona tensionada”. Para ello, se sugiere considerar la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos. Se considerará una zona tensionada cuando el precio de la vivienda requiera más de ocho años de renta disponible per cápita para adquirir una vivienda de tamaño medio y esta proporción haya aumentado en los últimos diez años.

Impacto de los Alquileres de Corta Duración

Bruselas ha reconocido el impacto que los alquileres de corta duración pueden tener en el acceso a la vivienda, especialmente en zonas turísticas. La normativa establece que las autoridades deberán justificar la existencia de un problema antes de implementar restricciones. Según la Comisión:

“Si las autoridades deciden intervenir para proteger la asequibilidad y la disponibilidad de vivienda, deben demostrar que la actividad de alquiler de corta duración está teniendo un efecto adverso significativo en el mercado inmobiliario local.”

Las medidas que se adopten deberán ser proporcionadas, tener una duración máxima de cinco años y ser revisadas de forma periódica. Además, las autoridades deben abordar las causas estructurales de la escasez de vivienda mediante la construcción y rehabilitación de más viviendas.

Regulación de la Segunda Vivienda

La legislación propuesta no introduce restricciones directas sobre la compra o uso de segundas residencias. No obstante, establece un marco común que las autoridades deben seguir si deciden imponer medidas en este ámbito. Estas medidas no podrán ser discriminatorias, deberán estar limitadas temporalmente y no podrán aplicarse de forma retroactiva. Asimismo, deben respetar el derecho a la propiedad.

Autonomía de los Gobiernos Locales

Fuentes comunitarias han enfatizado que la nueva ley no debe interpretarse como una validación o invalidación de las medidas existentes en los países. La normativa no pretende imponer condiciones ni asumir competencias adicionales en materia de vivienda. Según las mismas fuentes, la decisión de aplicar restricciones al mercado sigue siendo una prerrogativa de los gobiernos nacionales, regionales o locales.

La propuesta de la Comisión busca establecer criterios claros para justificar medidas que puedan restringir el mercado interior por motivos de interés público. Este esfuerzo responde a la creciente preocupación sobre la crisis de vivienda en Europa, garantizando que las medidas adoptadas sean justificadas y no perjudiquen la competencia en el mercado único.