Las cámaras de comercio de Cataluña se encuentran a la espera de la aprobación de una nueva ley por parte del Parlament, una medida que podría concretarse en julio de este año. Este avance legislativo, esperado por más de una década, busca actualizar el marco normativo vigente desde que en 2012 se eliminó el recurso cameral, y en 2014 se instauró una ley básica que regula las funciones de las cámaras oficiales de comercio en España.
Consenso en la elaboración de la normativa
Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona y del Consell General de Cambres de Catalunya, ha subrayado la importancia del consenso alcanzado en la elaboración de esta normativa. “Es la mejor ley posible? Seguramente no, pero es una buena ley”, ha declarado Santacreu. El proyecto, que cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC y el PP, se encuentra en la fase final de su tramitación parlamentaria, con perspectivas de aprobación antes del verano.
Diálogo social y competencias
Uno de los puntos más discutidos de la nueva ley es su relación con las competencias de otros agentes económicos. Santacreu ha enfatizado que el texto garantiza la exclusividad del diálogo social a las patronales y los sindicatos, mientras que las cámaras no renunciarán a las atribuciones que les confiere la ley básica estatal. “Al final se ha llegado a un redactado de consenso”, ha afirmado, indicando que en temas como la formación profesional, las cámaras deben coordinarse con otros actores para sumar fuerzas.
Financiación y presupuesto
El aspecto financiero también es clave en la nueva legislación. Las cámaras catalanas, que antes de la eliminación del recurso cameral recibían 60 millones de euros anuales, verán una nueva estructura de financiación. La Generalitat aportará progresivamente un 12% del presupuesto total de las cámaras, comenzando con tres millones de euros el primer año, cinco millones el segundo y siete millones el tercero.
Desafíos económicos en Cataluña
En cuanto al contexto económico de Cataluña, Santacreu ha señalado la necesidad de aumentar el PIB per cápita y mejorar la productividad. Factores como el absentismo laboral, la burocracia y la falta de inversión en infraestructuras siguen siendo retos importantes para la economía catalana.
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