La investigación sobre la supuesta trama para obstruir causas judiciales en España ha ganado relevancia tras la unión de dos procedimientos judiciales. Por un lado, el juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, había estado investigando a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario Javier Pérez-Dolset por su presunta participación en un plan para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción. Por otro lado, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional dirigía una investigación relacionada con la contratación pública amañada y el cobro ilegal de comisiones, en la que también está implicada Leire Díez.
Involucrados en la trama
El juez Pedraz ha sumado a su investigación a varios personajes clave, incluyendo a Javier Pérez-Dolset, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, y a la gerente del PSOE Ana Fuentes. También se investiga a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, así como al guardia civil Juan Sánchez Yepes. Fuentes judiciales sugieren que Pedraz podría solicitar a Zamarriego que transfiera su caso para que todos los hechos se investiguen en la Audiencia Nacional.
El objetivo de la investigación es determinar si existió una red compuesta por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios, que buscaba desbaratar los casos de corrupción que se estaban desarrollando desde 2023. Entre estos casos se incluyen el caso Begoña Gómez, el caso Koldo y las diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez.
Leire Díez
Leire Díez, quien solicitó su baja del PSOE en junio de 2025 tras la filtración de audios comprometedores, ha sido una figura central en la investigación. En uno de estos audios, ella menciona querer desacreditar al jefe de la UCO, Antonio Balas. A cambio, habría ofrecido pactos con la Fiscalía al empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, su interlocutor en las grabaciones. Díez ha defendido públicamente que sus acciones formaban parte de una investigación periodística para un libro, negando las acusaciones de corrupción.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició una investigación en su contra por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Además, Díez fue detenida por la UCO en diciembre de 2025, estando implicada en operaciones relacionadas con la SEPI por 132,9 millones de euros.
Santos Cerdán
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, se vio obligado a dimitir tras su implicación en el caso Koldo. Las grabaciones del asesor ministerial de Transportes, Koldo García, lo vincularon al presunto amaño de contratos de obra pública. El Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión provisional durante cinco meses. Fuentes jurídicas ahora sugieren que Cerdán y Díez estaban conectados en sus esfuerzos para influir en las investigaciones judiciales, a pesar de sus declaraciones en contrario.
Ana Fuentes
Ana Fuentes, gerente del PSOE, enfrenta acusaciones por su presunta complicidad en la creación de facturas falsas para financiar operaciones destinadas a obstruir investigaciones judiciales. El juez considera que podría haber actuado como cómplice en la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil.
Javier Pérez-Dolset
Javier Pérez-Dolset, empresario del sector tecnológico, es investigado por diversos delitos relacionados con el fraude de subvenciones. Anteriormente presidente de Zed Worldwide, está acusado de desviar aproximadamente 40 millones de euros de la empresa. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Pérez-Dolset y Díez intentaron obtener información sensible de jueces y fiscales.
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