Ecologistas critican la falta de transparencia en centros de datos del Gobierno

A finales de agosto, el Gobierno introdujo de manera urgente el Real Decreto de los Centros de Datos, una normativa destinada a regular la infraestructura informática que sustenta la inteligencia artificial. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta legislación es una de las más estrictas a nivel mundial, ya que exige que los centros de datos se alimenten con hasta un 80% de energía renovable. Sin embargo, esta normativa ha generado críticas tanto en la industria tecnológica como entre colectivos ecologistas y vecinales que cuestionan su eficacia y transparencia.

Críticas desde el ámbito ecologista

Organizaciones como Greenpeace, Tu Nube Seca Mi Río y Ecologistas en Acción han elaborado un detallado informe de 50 páginas donde expresan su preocupación por la falta de transparencia en los centros de datos. Según señalan, no existe un registro público que permita conocer las necesidades de energía y agua de estos centros, lo que complica la evaluación del impacto ambiental a nivel nacional y regional.

Demandas de mayor transparencia

Los colectivos ecologistas han solicitado que las empresas tecnológicas publiquen periódicamente sus datos de consumo energético y de agua, y que se reduzca al mínimo el uso de las cláusulas de confidencialidad comercial. Consideran que el no hacerlo podría constituir una irresponsabilidad pública y un caso de dejación de funciones por parte del Gobierno.

Reclamaciones sobre el uso de energías renovables

Si bien reconocen los avances en el uso de energías renovables, los ecologistas reclaman medidas más estrictas para que el consumo energético en los centros de datos provenga al 100% de fuentes limpias. Critican que la normativa actual permite el uso de gas o energía fósil y concede un margen de cinco años para el incumplimiento antes de aplicar sanciones.

Exigencia de moratorias y limitaciones en el consumo

Otra de las críticas se centra en la falta de moratorias para nuevos proyectos de centros de datos, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos. Las organizaciones advierten del riesgo de una “burbuja especulativa” que podría elevar significativamente el coste de la energía para hogares e industrias. Además, piden que se establezcan límites absolutos al consumo de energía y agua, esenciales para la refrigeración de los servidores.

Impacto en la soberanía digital y el entorno comunitario

Los grupos ecologistas también manifiestan su preocupación por la expropiación de terrenos para la construcción de centros de datos y el impacto negativo que estas instalaciones podrían tener en las comunidades vecinas. Además, critican la falta de control sobre el código ejecutado en estos centros, lo que podría debilitar la soberanía digital del país.

“En el estado español, no existe un registro público y accesible que detalle las necesidades de energía y agua de los centros de datos, lo que dificulta el acceso a información actualizada y la evaluación del consumo del sector a escala nacional y regional”, señalan los colectivos ecologistas.

El periodo para presentar alegaciones al Real Decreto concluye el 10 de septiembre, y los colectivos involucrados llaman a la ciudadanía a impugnar una medida que consideran insuficiente para garantizar la transparencia y sostenibilidad en la industria de los centros de datos.