La vivienda vuelve a ser un tema central en el debate político en España, especialmente tras la aprobación de nuevos decretos por parte del Gobierno para intervenir en el mercado inmobiliario. Estas medidas buscan proteger a los inquilinos y aumentar la oferta de vivienda asequible, reavivando la discusión sobre el aumento de los precios del alquiler y el papel que juegan las administraciones públicas en este fenómeno. En este contexto, las declaraciones del economista Benito Arruñada de 2024 han resurgido, destacando un aspecto polémico: el impacto del Estado en el precio de la vivienda.
El papel de las administraciones públicas como especuladoras
Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, afirmó que las administraciones públicas son los principales especuladores en el ámbito inmobiliario. Según sus declaraciones, realizadas en junio de 2024, la fiscalidad que grava la vivienda, en particular los impuestos relacionados con la construcción y la compraventa, contribuye significativamente al aumento del precio de la vivienda nueva.
“El principal especulador, con muchísima diferencia, son las administraciones públicas”, expresó Arruñada.
Esta crítica se hace especialmente relevante ahora que el Ejecutivo ha impulsado nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda y limitar ciertas prácticas del mercado inmobiliario. En este sentido, las recientes normativas buscan equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda de viviendas asequibles.
Medidas gubernamentales recientes
El 6 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-ley que incluyen medidas sobre el alquiler, la fiscalidad y la oferta de vivienda. Estas normativas incluyen:
- Una prórroga extraordinaria de hasta dos años para ciertos contratos de alquiler.
- Límites a la actualización de las rentas.
- Cambios fiscales destinados a fomentar el uso residencial de los inmuebles.
Aunque estas disposiciones están vigentes, requieren la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso, especialmente tras la disolución de las Cortes. El debate sobre la fiscalidad de la vivienda se centra en cómo los impuestos afectan al coste final para los compradores.
Impuestos que afectan a la construcción y compraventa de viviendas
La fiscalidad relacionada con el sector inmobiliario en España incluye varios impuestos que inciden en el precio de las viviendas:
- IVA: Para la vivienda nueva, el comprador paga generalmente un 10% de IVA sobre el precio, reducido al 4% para ciertas viviendas de protección oficial.
- Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD): Este impuesto se aplica a la formalización de la compraventa y varía según la comunidad autónoma.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP): Aplica a viviendas de segunda mano y depende también de la comunidad autónoma.
Además, las obras de construcción o rehabilitación de edificios destinados principalmente a viviendas están sujetas al 10% de IVA, siempre que se cumplan ciertos requisitos. A estos impuestos se suman tributos y tasas municipales, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo depende de cada ayuntamiento.
Impacto de los nuevos decretos en la fiscalidad inmobiliaria
Los reales decretos aprobados por el Gobierno no establecen una reforma general del IVA aplicable a la compra de vivienda nueva ni del ITP para viviendas usadas. Tampoco eliminan el AJD asociado a determinadas operaciones inmobiliarias. Por tanto, la carga fiscal sigue siendo un componente central del debate sobre el precio de la vivienda, aunque su impacto varía según el tipo de inmueble, la operación y la comunidad autónoma.
La discusión sobre el papel del Estado y la fiscalidad en el mercado inmobiliario continúa siendo un tema de actualidad y controversia en España, con múltiples voces y perspectivas sobre cómo abordar el acceso a la vivienda y controlar los precios en un contexto económico desafiante.
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