El Tribunal Supremo ha determinado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el órgano competente para examinar el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación por la Memoria Militar Democrática. Esta asociación solicita la exhumación de los restos de dos almirantes franquistas ubicados en el Panteón de Marinos Ilustres de la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando, Cádiz. Esta decisión, comunicada a través de un auto fechado el 4 de febrero, pone fin a más de un año de conflicto jurisdiccional entre el TSJ de Madrid y la Audiencia Nacional.
Antecedentes de la solicitud
El 30 de septiembre de 2024, la Asociación por la Memoria Militar Democrática interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles. La demanda exigía la retirada de los restos y de las inscripciones de Salvador y Francisco Moreno Fernández, así como de Juan Cervera Valderrama, considerados responsables del bombardeo conocido como la ‘Desbandá’ durante la Guerra Civil Española. Aunque la familia de Salvador Moreno Fernández trasladó sus restos a un panteón privado, sus lápidas permanecen sin cambios.
Argumentos de la Asociación
La Asociación basa su solicitud en la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe la inhumación de dirigentes del golpe militar de 1936 en sitios públicos prominentes fuera de cementerios, que puedan utilizarse para actos de exaltación de violaciones de derechos humanos. Según Manuel Pardo, capitán de navío retirado y expresidente de la Asociación, estos almirantes desempeñaron roles cruciales en el golpe de Estado y en la represión de civiles durante la ‘Desbandá’.
“Protagonistas de primera fila en el golpe de Estado, responsables del cañoneo de la población civil”, afirmó Pardo al referirse a los almirantes.
Detalles históricos
Juan Cervera Valderrama fue designado jefe de Estado Mayor de la Armada por Francisco Franco, siendo considerado responsable del cañoneo a civiles en 1937. Los hermanos Moreno Fernández también jugaron papeles significativos. Salvador Moreno Fernández, al mando del crucero Almirante Cervera, bombardeó Gijón en julio de 1936 y en febrero de 1937 se trasladó al Mediterráneo para atacar a la población civil. Francisco Moreno Fernández, por su parte, fue comandante de los cruceros Canarias y Baleares, y fue nombrado jefe de la Flota Nacional por Franco, obteniendo el título de Marqués de Alborán por sus servicios.
Reacciones y proceso judicial
La Asociación presentó un escrito al Ministerio de Defensa exponiendo que estas sepulturas representan símbolos contrarios a la democracia y a la Ley de Memoria Democrática. Ante la falta de respuesta del Ministerio, llevaron el asunto a la Audiencia Nacional, que luego lo trasladó al TSJ de Madrid. El Tribunal Supremo ha finalmente devuelto el caso al tribunal madrileño.
“Desde el ámbito judicial no se quiere entrar en el caso, se pasan la patata caliente”, lamentó Manuel Pardo.
Controversia y críticas
Algunos críticos han señalado que la exhumación podría interpretarse como un acto revanchista de la Guerra Civil, a lo que Pardo responde categóricamente que el objetivo es hacer frente a la historia del país. Según él, la rebelión militar acabó con un proceso democrático genuino en España, apoyado por los regímenes fascistas de Hitler y Mussolini.
La Asociación por la Memoria Militar Democrática sigue insistiendo en la resignificación de las lápidas y la retirada de los restos de los almirantes, con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente y se honre la memoria histórica.
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