La Abogacía del Estado ha afirmado que la operación ‘Kitchen’, ejecutada durante el mandato de Mariano Rajoy, tenía como objetivo obtener documentos comprometedores del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que podrían incriminar al entonces presidente del Gobierno. Esta operación pretendía proteger al Ejecutivo y obstaculizar la investigación sobre la financiación irregular del partido, en línea con la postura de la Fiscalía.
Acusaciones en el juicio del ‘caso Kitchen’
En el juicio, las acusaciones coincidieron en que la operación no estaba destinada a recuperar el dinero oculto de Bárcenas, sino a hacerse con documentos y grabaciones que pudieran comprometer al partido. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue señalado como el responsable de planificar y coordinar esta operación, que se financió con fondos reservados y se ejecutó al margen de la autoridad judicial.
“Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer al Gobierno”, declaró María Giménez, abogada de la familia Bárcenas.
La defensa de Bárcenas argumentó que la operación fue una actividad delictiva diseñada desde las altas esferas del Ministerio del Interior. La Abogacía del Estado destacó que el exministro Fernández Díaz tuvo un papel activo en la operación, que comprendía la vigilancia y la interceptación de comunicaciones del extesorero y su familia, todo sin autorización judicial.
Implicación de altos cargos en la operación
La operación ‘Kitchen’ contó con la participación de Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía, y se apoyó en la colaboración de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, quien actuó como confidente para obtener la documentación comprometida. Los servicios jurídicos del Estado subrayaron que esta estructura operó de forma opaca y paralela, sin reportar a los juzgados correspondientes.
En el juicio, la abogada de la familia Bárcenas afirmó que la vigilancia a la que fueron sometidos Luis Bárcenas y su familia fue ilícita, y que el propósito real era extraer información que pudiera dañar al PP y evitar que saliera a la luz. Esta tesis fue respaldada por los letrados del PSOE y Podemos, quienes señalaron a Fernández Díaz como un actor clave en la operación.
Postura de las partes involucradas
- La representante socialista, Gloria de Pascual, acusó al exministro de no ser un mero espectador, sino de participar activamente en la estrategia para manejar la información obtenida de Bárcenas.
- Podemos calificó la operación como una “organización criminal” destinada a proteger a la cúpula del PP y obstaculizar la investigación del caso Gürtel.
Ambos partidos rechazaron la versión de Fernández Díaz, quien negó conocer los detalles de la operación. Afirmaron que los intercambios de mensajes con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en ese momento, y las anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, muestran su implicación.
Conclusiones del juicio
Las acusaciones cerraron filas al concluir que la operación ‘Kitchen’ fue una maniobra para proteger intereses políticos ajenos a la justicia. Se argumentó que el uso indebido de las instituciones estatales quebró la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La estrategia incluía presionar a Bárcenas en prisión, usar a su chófer como confidente, y frustrar tanto la investigación policial como el proceso judicial en curso.
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