La exsubdirectora de Salut Pública, Carmen Cabezas, declaró ante la Audiencia de Barcelona eximiendo a Josep Maria Argimon, entonces responsable de Salut Pública, de la gestión directa de la vacunación contra la COVID-19 para policías nacionales y guardias civiles en Cataluña. Cabezas afirmó que ni ella ni Argimon coordinaron el operativo, subrayando que la prioridad, tras la suspensión temporal de la vacuna AstraZeneca, era vacunar a personas de entre 60 y 65 años por razones médicas.
Contexto del juicio
Carmen Cabezas compareció como testigo en el juicio contra la exconsellera de Salut, Alba Vergés, el exsecretario general del departamento, Marc Ramentol, Josep Maria Argimon y el exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. La Fiscalía les acusa de prevaricación administrativa, solicitando una inhabilitación de 12 años, alegando una demora injustificada en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Jucil, una asociación de guardias civiles, y Jupol, un sindicato de la Policía Nacional, también actúan como acusación popular en este caso.
Prioridades de vacunación
De acuerdo con Cabezas, la vacunación se reactivó a finales de marzo de 2021 tras la suspensión de AstraZeneca, con el enfoque en los mayores de 60 años, quienes eran considerados el grupo más vulnerable al virus. La exsubdirectora justificó esta decisión como “totalmente razonable”. En Cataluña había alrededor de 500,000 personas entre 60 y 65 años pendientes de vacunación, y las dosis disponibles no eran suficientes para cubrir toda esa franja de edad.
En ese momento, más de 1,385 personas estaban hospitalizadas en Cataluña debido al COVID-19, y el 70% de ellas eran mayores de 60 años. Aunque Cabezas compartió este criterio sanitario, expresó que también era importante compaginarlo con la vacunación de colectivos esenciales, como los cuerpos policiales.
“La importancia de vacunar a los mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sabía que también teníamos que seguir vacunando a colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad”, manifestó Cabezas.
Esfuerzos para vacunar a los cuerpos policiales
Cabezas explicó que se buscó evitar desigualdades al proponer la inoculación de agentes estatales, ya que se había diseñado un dispositivo específico para ellos. Añadió que las dosis para estos cuerpos estaban “reservadas” y que existía un gran interés en administrar las vacunas disponibles al mayor número de personas posible.
Confusión en la comunicación interna
Durante su testimonio, Cabezas mencionó un mensaje de WhatsApp recibido de Judit Vinyals, miembro del gabinete de Vergés, en el que se le indicó “parar Guardia Civil y Policía Nacional”. Cabezas informó a Argimon sobre el mensaje, y ambos coincidieron en que podría ser malinterpretado, por lo que solicitaron una aclaración escrita desde un cargo de suficiente rango en el Departament.
El 24 de marzo de 2021, Marc Ramentol, entonces secretario general de Salut, envió un correo aclarando que la prioridad de vacunación debía ser para las personas entre 60 y 65 años, incluyendo a los miembros de colectivos esenciales dentro de esa franja de edad.
El testimonio de Judit Vinyals
Judit Vinyals, quien actuaba como enlace entre la Conselleria y el Servei Català de la Salut, también declaró y negó que Vergés ordenara detener la vacunación de policías nacionales y guardias civiles debido a su pertenencia a estos cuerpos. Según Vinyals, el mensaje surgió tras un cambio de criterio acordado en una reunión interterritorial y apuntaba a adaptar el operativo a la nueva prioridad por edad.
Vinyals explicó que mencionó específicamente a la Guardia Civil y la Policía Nacional porque su vacunación se organizó de manera diferenciada, con un dispositivo “ad hoc”. Ese dispositivo se volvió obsoleto al priorizar a las personas de 60 a 65 años.
Detalles logísticos de la vacunación
Cabezas detalló que la preparación para vacunar a la Policía Nacional y la Guardia Civil requirió pasos adicionales, como el intercambio de censos y datos médicos, y la organización de puntos de vacunación específicos. Otra testigo del CatSalut indicó que los censos para estos cuerpos llegaron más tarde que los de otros colectivos, pero se tramitaron con los mismos criterios una vez recibidos.
En sesiones anteriores, dos mandos de los cuerpos policiales implicados negaron que Salut hubiera puesto trabas a su vacunación.
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