Extremadura demanda judicialmente los traslados de menores migrantes

La Junta de Extremadura ha decidido llevar a los tribunales las resoluciones que ordenan el La Junta de Extremadura ha formalizado una disputa legal que había estado anticipando en contra del sistema estatal de distribución de traslado de menores migrantes desde Canarias no acompañados. no acompañados desde Canarias y Ceuta hacia su territorio. Esta acción se toma después de que la vía administrativa se haya agotado al desestimar los recursos de reposición presentados por el Gobierno autonómico. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Abogacía General de Extremadura a presentar los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Del proceso administrativo a la batalla judicial

La Junta de Extremadura ha formalizado una disputa legal que había estado anticipando en contra del sistema estatal de distribución de menores migrantes no acompañados. El gobierno regional sostiene que la red de protección social de Extremadura está al límite y rechaza nuevas llegadas sin la provisión de más plazas, financiación y una coordinación adecuada. A principios de julio, el entonces responsable de Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, indicó que Extremadura estaba atendiendo a 107 menores migrantes no acompañados, con solo 14 plazas disponibles en la red de protección.

Inicialmente, la Junta presentó sus objeciones ante las autoridades responsables de los traslados y procedió a impugnar las resoluciones por la vía administrativa. Con los recursos desestimados, ahora será el turno de la jurisdicción contencioso-administrativa para examinar la legalidad de estas decisiones. La Junta se ampara en la Ley 29/1998, que regula esta jurisdicción, argumentando que tiene el derecho a recurrir las resoluciones por ser la administración obligada a implementar las decisiones estatales.

Defensa de competencias y recursos regionales

Según la Junta de Extremadura, la acción judicial busca proteger “las competencias, los recursos y los intereses de la región”, asegurando que cualquier traslado de menores cumpla con el ordenamiento jurídico y respete los principios de coordinación y lealtad institucional. Sin embargo, el gobierno regional no ha proporcionado más detalles sobre el contenido específico de las resoluciones, los argumentos legales que se presentarán en las demandas o el cronograma establecido para iniciar el proceso judicial.

Además, la Junta argumenta que los recursos residenciales disponibles en la región no están reservados exclusivamente para menores extranjeros. Estos recursos deben estar disponibles para cualquier niño o adolescente que necesite protección en Extremadura, independientemente de su procedencia.

Capacidad de acogida y posición regional

El Gobierno central ha establecido en 364 plazas la capacidad ordinaria de acogida de menores en Extremadura, un aumento de veinte plazas con respecto a cálculos anteriores. Sin embargo, la Administración regional critica este baremo, considerando que se basa en una capacidad teórica que no refleja la ocupación real de los centros y pisos disponibles para la acogida.

“La actuación pretende defender las competencias, los recursos y los intereses de la región”, ha afirmado el Gobierno autonómico, subrayando la necesidad de respeto a los principios de coordinación y lealtad institucional en los traslados de menores.