La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han acordado la urgencia de trasladar a la Península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta desde el ingreso masivo registrado los días 30 y 31 de julio. Durante una reunión mantenida este viernes, ambas destacaron la importancia de garantizar la protección de los derechos de estos menores, subrayando que cualquier medida debe priorizar el interés superior de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos, conforme informaron sus respectivos departamentos.
Situación de Vulnerabilidad
Rego y Peramato señalaron que las niñas se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. Desde la llegada masiva de migrantes, más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes han sido iniciados en Ceuta, y en el 40% de los casos las víctimas fueron menores no acompañadas. Este dato resalta la precaria situación de seguridad que enfrentan, lo que ha llevado a ONG a advertir sobre el peligro de abuso y trata para niñas migrantes en Ceuta.
Habilitación de Plazas en la Península
La ministra Rego comunicó a la fiscal Peramato que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para facilitar el traslado de los menores “lo más pronto posible”. Este movimiento busca no solo garantizar una atención adecuada y el bienestar de los menores, sino también aliviar la presión que enfrenta Ceuta actualmente. Ambas autoridades insistieron en que la normativa española e internacional obligan a que el interés del menor sea la prioridad en todas las acciones que los afecten.
Directrices para la Protección de Menores
Durante el encuentro, Peramato explicó los detalles del decreto emitido el 7 de agosto, que incluye pautas para asegurar la protección de los menores migrantes no acompañados en Ceuta. Rego, por su parte, abogó por una respuesta coordinada que ubique los derechos de la infancia en el centro y que involucre a todas las administraciones públicas en un esfuerzo conjunto.
Desafíos y Avances
La reunión también abordó las dificultades reflejadas en la memoria de la Fiscalía para realizar procesos de reagrupación familiar en Marruecos y se discutieron datos sobre la delincuencia juvenil. Peramato y Rego intercambiaron opiniones sobre los progresos y los desafíos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección contra la violencia infantil. Asimismo, se discutió la nueva ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales, actualmente en trámite en el Congreso.
“La protección de los menores es una responsabilidad compartida que debe ser asumida por todas las administraciones públicas”, afirmaron Rego y Peramato en un comunicado conjunto.
- Garantizar el interés superior del menor en todas las acciones.
- Facilitar el traslado de menores migrantes a la Península.
- Incluir una respuesta coordinada que involucre a todas las administraciones.
- Implementar mecanismos efectivos de prevención y protección contra la violencia infantil.
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