El 13 de abril de 2023, tres científicos llevaron a cabo una protesta frente a la delegación del Gobierno en Barcelona. Utilizaron pintura roja biodegradable, elaborada a partir de zumo de remolacha, para cubrir la fachada del edificio, al tiempo que desplegaron una pancarta criticando la inacción gubernamental ante la crisis climática. Esta acción buscaba resaltar, según ellos, la “criminalización” que sufren los activistas climáticos. Tres años después, la Fiscalía ha solicitado una pena de 18 meses de prisión y una multa de 8.100 euros para los implicados, acusándolos de “daños a bienes de dominio público”.
Detalles de la acusación
El ministerio fiscal sostiene que, tras el acto de protesta, fue necesario realizar trabajos de limpieza y restauración que ascendieron a 4.132,15 euros. Los tres imputados son académicos del ámbito medioambiental y climático, y forman parte de la plataforma ‘Rebelión Científica’. Esta agrupación de investigadores busca denunciar las graves consecuencias del cambio climático mediante acciones de desobediencia civil no violenta.
Postura de los activistas
Los acusados califican de “injusta” y “desproporcionada” la pena solicitada por la Fiscalía. Argumentan que su acción se ejecutó con pintura biodegradable, fácilmente removible con agua. Además, critican que el foco judicial se centre en ellos y no en las empresas y entidades que, según afirman, fomentan la crisis climática.
La acción judicial es descrita por los científicos como “totalmente desmesurada”, sugiriendo que “quienes deberían ser juzgados son los responsables de alimentar la crisis climática”.
Reacciones y contexto internacional
La situación de los científicos se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el derecho a la protesta, especialmente en lo que respecta a acciones de activismo climático. Los imputados resaltan que mientras las consecuencias de la crisis climática se hacen cada vez más evidentes, resulta preocupante que los juzgados sean aquellos que buscan alertar sobre dicha emergencia.
Intervención de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha anunciado que asistirá al juicio como observadora legal. La organización ha manifestado su preocupación ante la Fiscalía, subrayando que las conductas enjuiciadas están amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por ello, solicita al ministerio fiscal que reconsidere los cargos y retire la petición de penas de prisión, por ser incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional afirma que el caso “plantea importantes implicaciones para los derechos humanos” y reclama “retirar la petición de penas de prisión”.
Opinión de expertos
Jaume Osete, activista de la plataforma ‘Rebelión o Extinción’, destaca la “injusta paradoja” que supone este juicio, especialmente en un verano marcado por olas de calor extremas y devastadores incendios. Osete señala que se debería juzgar a los responsables de la crisis climática, como las compañías de combustibles fósiles, en lugar de a quienes protestan para concienciar sobre este problema.
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