Un juez de instrucción de Barcelona ha citado al cantante Francisco González a declarar tras ser localizado por la Guardia Civil, según han informado fuentes judiciales. González, conocido por éxitos como “Latino” y “¿A dónde voy sin ti?”, deberá responder por el presunto impago de la pensión de su hija Naomi Apolinar, quien ya ha alcanzado la mayoría de edad. El juez había emitido una orden para localizar al artista con el fin de notificarle el procedimiento judicial abierto en su contra y comunicarle su citación como investigado.
Proceso Judicial
El artista, oriundo de Alcoy, no se había presentado aún en la causa con representación legal. Inicialmente, el juez del Tribunal de Instancia de Barcelona archivó las diligencias para evitar la prescripción del delito que se le imputa. Sin embargo, tras varios intentos fallidos de localizar al cantante, en marzo se ordenó a la Guardia Civil su búsqueda. Una vez localizado y notificado, el juez ha reabierto el caso para continuar con el proceso.
Antecedentes del Caso
El conflicto entre Francisco y Denia Apolinar, madre de Naomi, comenzó en 2001 cuando se reveló que Apolinar había tenido una hija con el cantante. Francisco negó en repetidas ocasiones su paternidad. No obstante, en mayo de 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavà reconoció legalmente a Naomi como hija biológica del cantante, después de que él no se presentara a las pruebas de paternidad impuestas por el tribunal. Desde 2013, el cantante está obligado a pagar una pensión alimenticia a favor de la menor.
“Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y lo respeto, pero la ley también se equivoca en ocasiones porque son personas las que la manejan. Yo no tengo ninguna hija, pero la ley ha dicho que sí y le ha dado mi apellido”, declaró Francisco en una entrevista en Telecinco.
Litigio Actual
Con la mayoría de edad de Naomi, Francisco interpuso una demanda para modificar las medidas legales, solicitando la suspensión o reducción de la pensión. No obstante, la justicia rechazó la solicitud debido a que no se demostró la independencia económica de la joven, quien continúa viviendo con su madre sin recursos propios suficientes.
Implicaciones Legales
El impago de pensiones alimenticias está considerado delito bajo el artículo 227 del Código Penal español. Este delito se comete si se dejan de pagar dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos tras una sentencia firme o un convenio, y puede sancionarse con pena de prisión de tres meses a un año o con una multa, lo que no implica necesariamente el ingreso en prisión.
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