El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha decidido no empadronar a los residentes de los 22 apartamentos ilegales construidos en la antigua granja avícola ubicada en el Paraje Las Beatas de Cuevas de Reyllo. Según fuentes municipales, las solicitudes para el empadronamiento han sido rechazadas debido a que el proyecto presenta graves problemas legales y carece de la licencia necesaria.
Denuncia y situación legal
La reconversión del antiguo complejo avícola en un área residencial ha desencadenado una serie de acciones legales por parte del Ayuntamiento. Las obras, que se realizaron sin autorización, han sido objeto de varios decretos municipales por infracciones urbanísticas. Actualmente, el caso se encuentra en el ámbito penal, investigado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes del Ayuntamiento han informado que la causa está en fase de instrucción, a la espera de un juicio. Mientras tanto, el complejo ha alcanzado su capacidad máxima de ocupación, principalmente por inmigrantes magrebíes y de otros países africanos. La promotora ha reforzado la seguridad del lugar con un vallado perimetral y un vigilante.
Origen del conflicto
El conflicto se originó el año pasado cuando se detectaron reformas estructurales en la nave de la antigua granja, realizadas sin los permisos adecuados. La promotora, con sede en Orihuela, intentó justificar las modificaciones presentando una memoria técnica para convertir el lugar en una granja escuela. Esta propuesta fue rechazada por no cumplir con la normativa urbanística vigente en la Región de Murcia.
El Ayuntamiento, junto con la Consejería de Fomento, determinó que las obras de reconversión fueron recientes y realizadas de manera clandestina, sin documentación que acredite su antigüedad. Esta situación será discutida en una próxima sesión plenaria del Consistorio.
Alegaciones y respuesta municipal
La promotora presentó una escritura notarial de obra nueva por antigüedad, fechada en septiembre de 2025, alegando que los apartamentos existían desde hacía más de diez años. Sin embargo, esta documentación fue insuficiente para obtener una autorización excepcional en suelo no urbanizable.
El Ayuntamiento insiste en que el proyecto no cumple los requisitos para ser considerado de utilidad pública, lo cual habría permitido un cambio en la clasificación del terreno. La falta de cumplimiento de los requisitos técnicos y organizativos necesarios impide que el proyecto sea viable legalmente.
Implicaciones para los residentes
La negativa del Ayuntamiento a empadronar a los residentes afecta directamente a los derechos de estos individuos, que buscaban consolidar su residencia en el complejo. Las autoridades municipales han advertido que no se pueden establecer derechos de residencia en un desarrollo bajo investigación penal y sin garantías de seguridad y habitabilidad.
La situación genera incertidumbre para los ocupantes, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser desalojados si el proyecto es declarado ilegal en definitiva. El Ayuntamiento continúa supervisando el caso y espera una resolución legal que defina el futuro de la nave y sus habitantes.
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