La Agencia Tributaria ha notificado a la Audiencia Nacional la apertura de inspecciones fiscales de carácter general correspondientes a los ejercicios 2021 a 2025 sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su familia, incluyendo a su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, así como su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, y diversas sociedades vinculadas a su entorno económico. Estas investigaciones abarcan una amplia gama de tributos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Investigación paralela a la causa penal
Paralelamente a estas inspecciones, la Agencia Tributaria ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que considere la posibilidad de paralizar las pesquisas administrativas para evitar interferencias con la investigación penal que ya está en curso contra el exmandatario socialista. La comunicación resalta que nunca antes en la historia democrática del país se había iniciado un análisis de estas dimensiones sobre un expresidente del Gobierno.
Documentación incorporada al caso Plus Ultra
La documentación remitida por la Agencia Tributaria ha sido incorporada al caso Plus Ultra mediante una providencia del juez Calama. Aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 4 aún no ha tomado ninguna decisión de fondo, ya ha trasladado los documentos al Ministerio Fiscal para su análisis. La Agencia Tributaria argumenta que, dado que los hechos investigados por la vía penal podrían coincidir con los de la fiscal, es preferible que sea el juez quien decida antes de que Hacienda actúe por su cuenta.
Prejudicialidad penal
La Agencia Tributaria ha manifestado su preocupación por la “prejudicialidad penal”, indicando que la resolución de posibles deudas fiscales depende de aclarar hechos relacionados con la investigación penal. La causa penal dispone de herramientas más exhaustivas para investigar, como registros, incautaciones, análisis de dispositivos electrónicos y declaraciones de testigos, lo cual podría proporcionar una base probatoria más sólida que la disponible para Hacienda.
Razones para la coordinación
“Las mayores y más intensas facultades investigadoras en el ámbito de la instrucción penal frente a las de los procedimientos administrativos aconsejarían, a juicio de esta Dependencia, la investigación en sede penal de los hechos con mayor eficacia”, señala la Agencia Tributaria en su comunicación al juez.
La Agencia Tributaria ha enumerado varias razones para solicitar la coordinación con la investigación penal: la economía procesal, la prevención de duplicidades y contradicciones, y la posibilidad de que parte de la documentación requerida ya esté bajo custodia de la Audiencia Nacional.
Alternativa en caso de no paralización
En caso de que no se ordene la paralización, Hacienda prevé continuar con las liquidaciones administrativas provisionales y, eventualmente, con las sanciones tributarias pertinentes. No obstante, la Agencia ha subrayado que cualquier actuación llevada a cabo sin esperar a la resolución de la causa penal podría basarse en una documentación menos sólida.
Conclusión de las actuaciones
La solicitud de la Agencia Tributaria al juez no busca anular las investigaciones, sino interrumpir los plazos de prescripción para que puedan ser retomadas cuando avance la causa penal. De esta manera, se asegura que las actuaciones fiscales no se vean comprometidas por la falta de información completa.
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