El juez Rubén Rus, a cargo del caso Montoro en Tarragona, ha decidido extender la investigación por seis meses más. Esta prolongación se centra en el presunto tráfico de influencias ejercido desde el despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2006. Se investiga si se utilizaron influencias para obtener normativas tributarias favorables en beneficio de ciertos clientes. La resolución, a la que tuvo acceso este medio, también insta a la unidad Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra a entregar varios informes que aún están pendientes.
Progreso de la investigación
Hasta ahora, el juez Rus ha citado a quince investigados, de los cuales cinco son personas jurídicas y diez personas físicas. Sin embargo, solo una persona ha respondido a las preguntas del juez, mientras que los demás han optado por no declarar por el momento, esperando la resolución de diversas apelaciones en la Audiencia Provincial. Ni Montoro ni los principales acusados han sido llamados a declarar aún.
“Teniendo en cuenta lo expuesto y a la vista de las declaraciones que restan por efectuar (…) es previsible que de su práctica pueda resultar la necesidad de practicar nuevas diligencias”, señala la resolución judicial.
Detalles del caso
El caso gira en torno a la firma Equipo Económico, que, según se alega, habría influido en el proceso legislativo para modificar normativas tributarias mediante compensación económica. En particular, las gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) contrataron a la firma para intervenir en la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Acciones judiciales recientes
Desde la última prórroga en enero, el juez ha requerido declaraciones de tres investigados que residen fuera de España, solicitando su testimonio a través de una Orden Europea de Investigación (OEI) y comisiones rogatorias. También se ha solicitado documentación a las empresas gasistas y a la AFGIM. Los Mossos d’Esquadra han sido encargados de aportar varios informes.
En marzo, el Ministerio de Hacienda recibió un mandamiento para proporcionar documentos relevantes, y se autorizó el acceso al Fichero de Titularidades Financieras por parte de la Unidad Central Anticorrupción de Mossos d’Esquadra. Esto llevó a cerca de cuarenta mandamientos a entidades bancarias en mayo, para completar un informe solicitado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Agencia Tributaria.
El análisis de la información obtenida de esta documentación sigue en proceso, según el magistrado. La investigación, por tanto, continúa bajo el objetivo de esclarecer las posibles influencias ejercidas en el ámbito legislativo por el despacho Equipo Económico.
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