El juez Juan Carlos Peinado ha decidido establecer medidas cautelares contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas medidas incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de presentarse quincenalmente en la sede judicial para firmar. Este fallo ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial.
Reacciones del PSOE y de otros organismos
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha expresado su preocupación por el impacto del auto de Peinado, calificándolo de “demoledor” para la justicia. Según Torró, la derecha está utilizando políticamente la situación para debilitar al Ejecutivo. Ella afirmó que los gobiernos deben ser elegidos por votos y no mediante maniobras judiciales.
“La indefensión es brutal. Y el daño a la Justicia demoledor. Tan grave es la desproporción de Peinado, como que la derecha la utilice políticamente para tratar de acabar con el Gobierno”, declaró Torró en redes sociales.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado una queja al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El SUP considera injusto que el juez Peinado sugiera que los escoltas de Gómez podrían colaborar en una posible fuga.
Reacciones de líderes políticos
Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, ha calificado de “extrema gravedad” las afirmaciones del juez Peinado sobre la posible colaboración de los escoltas de Moncloa en una fuga de Begoña Gómez.
Mientras tanto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado duramente al presidente Pedro Sánchez, acusándolo de convertir la Moncloa en una “guarida de delincuentes” tras la decisión judicial de retirar el pasaporte a su esposa. Tellado subrayó la necesidad de elecciones para restaurar la confianza en el Ejecutivo.
“España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya”, concluyó Tellado.
Reacciones desde el Gobierno y el entorno judicial
Desde el Gobierno, se ha denunciado lo que consideran una “persecución” por parte del juez Peinado hacia Begoña Gómez. Según fuentes de la Moncloa, las medidas son una muestra de la “obsesión” del magistrado y carecen de fundamento jurídico, respondiendo únicamente a motivos políticos.
Paralelamente, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado una denuncia ante el CGPJ por vulneración del derecho a la defensa, argumentando que las resoluciones no han sido notificadas a los letrados de su defendida.
Decisiones judiciales y contexto
El juez Peinado ha fundamentado su decisión en el riesgo de fuga, dado que las penas a las que se enfrenta Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias oscilan entre dos y dieciséis años de prisión. En su auto, Peinado señala vinculaciones entre Pedro Sánchez y diversas actuaciones que podrían haber favorecido a Gómez.
El Consejo General del Poder Judicial ha convocado una reunión extraordinaria para analizar el auto de Peinado. Este órgano busca evaluar las implicaciones de las afirmaciones del juez sobre la presunta colaboración de los escoltas de Moncloa en una potencial evasión de Gómez.
En el auto del juez, se menciona que los escoltas podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, facilitar la fuga de Gómez, lo que impediría su comparecencia ante la justicia. Esta declaración ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores.
El caso de Begoña Gómez se contrasta con el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, donde el juez José Luis Calama decidió no adoptar medidas similares, lo que ha suscitado debates sobre la consistencia y los criterios en la aplicación de la justicia en casos de alta relevancia política.
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