El juez Juan Carlos Peinado ha llevado a cabo una investigación de dos años sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un caso que ha suscitado polémica debido a sus decisiones y declaraciones. Durante el proceso, que incluyó la toma de declaración del presidente Pedro Sánchez, Peinado insinuó que el silencio del mandatario permitía sacar “conclusiones” y buscó ampliar la investigación hacia el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, aunque el Tribunal Supremo detuvo este avance.
La Condición de “Esposa de”
El auto de 39 páginas que se conoció este lunes implica sentar a Begoña Gómez en el banquillo por cuatro delitos. El juez sostiene que su actividad profesional cobró un impulso significativo tras la llegada de su esposo a La Moncloa. Aunque Gómez trabajaba en la Universidad Complutense desde 2013, Peinado argumenta que su “actividad privada” floreció especialmente a partir del 2019, con la creación de la cátedra de Transformación Social y Competitiva. Según el magistrado, la condición de “esposa de” le habría facilitado reuniones al más alto nivel para financiar dicha cátedra. La defensa de Gómez refuta esto, alegando que desde que su marido asumió el cargo, ella dejó actividades más rentables para concentrarse en su rol en la Complutense, por el que recibía 15.000 euros anuales.
Acusaciones de Presión Moral
El juez también ha implicado a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Álvarez está acusada de participar en la captación de fondos para el máster, interactuando con empresas como Google para financiar la iniciativa, siendo vista como una figura clave en estas operaciones. El auto sugiere que su influencia podría interpretarse como “presión moral”, lo que la convertiría en cooperadora necesaria en el presunto delito de tráfico de influencias.
Posibles Responsables Adicionales
Peinado ha señalado un posible delito de malversación relacionado con la actividad de Álvarez, quien habría desviado fondos públicos al ayudar a Gómez en su actividad privada. El juez plantea que esta actividad era tan visible que no podía pasar desapercibida para sus superiores jerárquicos en La Moncloa. Pese a los intentos de Peinado de implicar a otros miembros del Gobierno, como el ministro Félix Bolaños y el delegado del Gobierno Francisco Martínez, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó estas imputaciones.
El Software Controversial
Un punto central del caso es un software registrado a nombre de Gómez, vinculado al máster de Transformación Social Competitiva. Este programa permitiría a empresas verificar su cumplimiento con los objetivos de sostenibilidad de la ONU. El juez considera que la inscripción del software constituye un indicio de apropiación indebida, evaluando el daño patrimonial para la Complutense en más de 108,765 euros, aunque estima que el valor real podría superar los 500,000 euros. La defensa de Gómez ha sostenido que el registro fue a sugerencia de la Universidad y que el software nunca estuvo operativo.
Referencias a Fernando VII
En un apartado peculiar del auto, Peinado reflexiona sobre la falta de jurisprudencia en casos de tráfico de influencias similares, afirmando que la situación recuerda a prácticas de regímenes absolutistas del pasado, específicamente del reinado de Fernando VII. Según el juez, las acciones investigadas parecen más afines a tiempos monárquicos que al Estado actual.
Reuniones con Directivos
El juez detalla diversas reuniones de Begoña Gómez con altos directivos de empresas que supuestamente colaboraron en el desarrollo del software. Entre ellas, destaca encuentros con el expresidente de Telefónica José María Álvarez Pallete, y representantes de Google e Indra. Peinado argumenta que estas reuniones no fueron meramente protocolarias, sino que indican una interacción significativa y sustancial en el contexto del proyecto investigado.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!