La Abogacía del Estado ha expresado su negativa ante la propuesta del Tribunal Supremo de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización de inmigrantes. Esta decisión está respaldada por los servicios jurídicos estatales, quienes argumentan que dicha medida es parte del «ejercicio soberano de las competencias propias de un Estado miembro».
Posición del Supremo y respuesta de la Abogacía
El pasado martes, el Tribunal Supremo abrió la posibilidad de llevar la regularización de inmigrantes, aprobada por el Gobierno español, al TJUE. El alto tribunal solicitó la opinión de todas las partes involucradas, incluyendo la Abogacía del Estado y las dos autonomías que impugnaron el decreto aprobado en abril. La Abogacía respondió que la legislación se encuentra dentro de las competencias nacionales, rechazando así la necesidad de una intervención europea.
«Consideramos que a través de estas cuestiones parece someterse al TJUE no sólo la legalidad de su actuación, sino también el análisis de la oportunidad y forma de ejercicio soberano de las competencias nacionales propias de un Estado miembro», señaló la Abogacía del Estado en un documento presentado al Supremo.
Críticas a las dudas planteadas por el Supremo
La Abogacía del Estado indicó que las dudas presentadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo carecen de justificación y no es el momento adecuado para su planteamiento. El documento subraya que el escrito del Supremo contiene «omisiones relevantes» que impiden una adecuada discusión o la formulación de observaciones, lo que podría resultar en la inadmisión de la cuestión prejudicial.
Además, la Abogacía del Estado destacó que la decisión de llevar la norma a Europa se asemeja más a un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas, en lugar de verificar si contraviene el derecho europeo.
Contexto del debate sobre la regularización
El Supremo, en el marco de la tramitación de los recursos presentados por las comunidades de Valencia y Aragón, consideró la opción de consultar al TJUE para aclarar si el decreto gubernamental contravenía el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. No obstante, a pesar de la respuesta de la Abogacía del Estado, la decisión final sobre elevar el asunto al tribunal europeo recae en los tres magistrados del Supremo encargados del caso: Carlos Lesmes, Fernando Román y Wenceslao Olea.
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