La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha establecido un plazo de tres días hábiles para que la Policía Nacional entregue toda la documentación referente a las alertas previas al asalto masivo en la frontera de Ceuta. Esta medida busca esclarecer quién recibió las advertencias, cuándo fueron recibidas y qué acciones se tomaron posteriormente.
Documentación requerida por la magistrada
El requerimiento, dirigido específicamente al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, exige una entrega urgente de todas las alertas, informes y comunicaciones operativas relacionadas con el riesgo de la entrada masiva de personas desde Marruecos entre el 20 de julio y el 7 de agosto. La jueza Tardón ha solicitado detalles precisos sobre los destinatarios y la hora de recepción de las alertas, así como las medidas implementadas como respuesta.
Investigación en curso
La diligencia actualiza una solicitud previa realizada el 16 de septiembre por la magistrada, en colaboración con la Fiscalía, en el marco de la investigación sobre la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio. Inicialmente, la petición de documentación cubría una amplia gama de organismos encargados de la vigilancia fronteriza, evaluación de riesgos y coordinación de dispositivos policiales, incluyendo el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.
Alcance de la solicitud
La nueva resolución se concentra exclusivamente en el Centro Nacional de Comunicaciones, aunque previamente se había solicitado información a otras entidades como la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Ministerio del Interior y diferentes unidades de la Guardia Civil. También se pidió colaboración al Estado Mayor de la Defensa para proporcionar análisis de riesgos e imágenes de vigilancia de la zona fronteriza.
Advertencias previas del CNI
El papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido crucial en esta investigación, ya que se desclasificaron documentos que revelan advertencias emitidas el 29 de julio sobre una convocatoria en redes sociales para un asalto a la frontera. Estas alertas fueron dirigidas al gabinete de la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil.
Discrepancias institucionales
La investigación también se centra en las diferentes versiones sobre las comunicaciones entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el Gobierno central. Vivas ha afirmado que advirtió repetidamente sobre la presión migratoria y solicitó medidas preventivas, incluyendo refuerzos policiales y la instauración de un mando único. Sin embargo, desde el Gobierno se asegura que se atendieron dichas comunicaciones y niegan que se requiriera una interlocución directa con el presidente Pedro Sánchez antes de la crisis.
En resumen, la jueza Tardón busca esclarecer todos los aspectos de la gestión de las alertas y la respuesta institucional a la llegada masiva de inmigrantes en Ceuta, lo que podría tener implicaciones significativa, lo que podría tener implicaciones significativas para las políticas de seguridad fronteriza del país.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!