El Pacto de Migración y Asilo, acordado por la Unión Europea hace dos años, está programado para entrar en vigor la próxima semana. Este pacto representa un endurecimiento significativo de las políticas migratorias del bloque. Sin embargo, la Comisión Europea ha admitido que la mitad de los países miembros aún no están preparados para implementar la nueva legislación.
Crisis de acogida y negociaciones
La crisis de acogida de 2015, que vio a más de un millón de personas llegar a Europa buscando refugio debido a conflictos bélicos, desbordó el sistema migratorio comunitario y afectó la confianza entre los gobiernos de la UE. Como resultado, se necesitaron casi diez años para negociar una reforma que culminó en normas más estrictas, procedimientos acelerados para solicitantes de países considerados “seguros” y la externalización de gestiones migratorias en las fronteras. Además, se diseñó un modelo de solidaridad que permite a los países pagar en lugar de acoger refugiados.
Implementación gradual
Las nuevas normas están destinadas a entrar en vigor el 12 de junio, aunque algunas ya se están aplicando. La Comisión Europea reconoce que la implementación completa tomará tiempo debido a la complejidad del nuevo marco comunitario. Una fuente comunitaria señaló:
“Se han logrado avances en muchas áreas. También somos conscientes de que aún queda trabajo por hacer y no lo ocultamos.”
Uno de los cambios más significativos es la introducción de procedimientos acelerados en las fronteras, que permiten evaluar rápidamente la situación de las personas que llegan al bloque de manera irregular, como las rescatadas en el mar.
- Quince Estados miembros han alcanzado la capacidad adecuada para el Procedimiento Fronterizo.
- La mitad restante aún debe completar infraestructuras, herramientas informáticas y procesos legislativos nacionales.
Normas más estrictas y sanciones
El pacto incluye la armonización de las condiciones para la protección internacional y el asilo, integrando la Convención de Ginebra en el acervo comunitario. También introduce sanciones para quienes se trasladen a un país diferente al de su solicitud de asilo y permite la detención temporal de personas mientras se resuelve su situación. Además, se podrán registrar datos biométricos de los migrantes que lleguen irregularmente, incluidos menores.
Aunque no forma parte del pacto, se ha alcanzado un acuerdo para una nueva directiva de retornos que permitirá enviar a personas sin permiso de estancia a centros fuera de la UE.
Mecanismo de solidaridad
Los países en primera línea, como España y Grecia, soportan una carga significativa en la gestión de flujos migratorios. Para abordar esta situación, la Comisión ha propuesto un ‘mecanismo de solidaridad’. Este mecanismo ofrece a los países con mayor presión la opción de solicitar ayuda, y al resto, decidir entre acoger un porcentaje de migrantes o contribuir con expertos o ayuda económica.
En un informe publicado en noviembre pasado, la Comisión evaluó la aplicación del pacto y determinó que España enfrentaba un número desproporcionado de llegadas, permitiéndole solicitar apoyo. Sin embargo, este apoyo no se materializará hasta que la normativa entre en vigor este mes de junio.
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