En el marco del caso de los hidrocarburos, se ha revelado que Leire Díez, vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), habría propuesto un acuerdo a Joaquín Parra Sáez, empresario sevillano y expresidente del CD Badajoz. La oferta consistía en retirar la acusación de la Fiscalía a cambio de obtener información comprometedora sobre la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar el caso relacionado con el hermano del presidente, David Sánchez. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Díez aseguró que “la Fiscalía depende del Gobierno”, una afirmación que Parra habría confirmado en su testimonio.
Detalles del Acuerdo Propuesto
El contacto entre Parra y los miembros de la trama se inició en 2022 a través de Javier Pérez Dolset, otro empresario implicado, con la mediación del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell. Durante el verano de 2024, Dolset organizó una reunión en su residencia de Tarifa, Cádiz, a la que asistió Leire Díez. Allí, Díez ofreció “ayuda” en las causas judiciales relacionadas con el fraude en hidrocarburos, apelando a presuntas “injusticias judiciales” sufridas por Parra.
Según el informe de la UCO, la ayuda prometida se materializaría mediante acciones de la Fiscalía, y Díez habría insistido en el control gubernamental sobre esta institución. Parra, en su declaración de mayo, señaló que para recibir esta ayuda, debía proporcionar información que comprometiera a la jueza Biedma.
Financiación y Reuniones
La UCO sospecha que el viaje de Leire Díez a Tarifa pudo haber sido financiado por el PSOE, dado que se registraron compras de billetes de avión gestionadas por la secretaría de Organización del partido. Estos desplazamientos coincidieron con las fechas en que se reunió con Dolset y Parra. Posteriormente, se creó un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”, que incluía a Sáenz de Tejada, exmagistrado y colaborador en el intento de desacreditar a la jueza.
Papel de Luis Sáenz de Tejada
Sáenz de Tejada, conocido por su experiencia en casos de corrupción en Badajoz, fue contactado por Parra a petición de Díez. Su objetivo era desactivar la causa contra David Sánchez, inicialmente ofreciéndose para ejercer su defensa judicial. Aunque Sánchez rechazó esta opción, Sáenz de Tejada presentó varias denuncias para recusar a la jueza Biedma, bajo la premisa de que Díez ejercía control sobre la Fiscalía General del Estado.
Intervención de la Fiscalía
Las operaciones de Sáenz de Tejada incluyeron el envío de dos denuncias. La primera, remitida a la secretaría técnica de la Fiscalía en octubre de 2024, fue desestimada por falta de competencia. Un mes después, presentó una segunda denuncia directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien la remitió a la Fiscalía Superior de Extremadura, donde finalmente fue archivada.
Reunión en Madrid y Piso Franco
Tras la reunión en Tarifa, los involucrados se encontraron nuevamente en un inmueble de la calle Diego de León, en Madrid. Según Parra, Díez describió esta ubicación como un “piso franco del PSOE” para reuniones. El alquiler del lugar, que consta de cinco habitaciones y tres baños, fue costeado por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, a través de su empresa ALLIES & ALTERA SL.
El informe de la UCO sugiere que Santos Cerdán, entonces responsable del PSOE, estaba al tanto de estas operaciones y esperaba apoyo de la Fiscalía en la recusación de la jueza Biedma. En documentos intervenidos, se encontró la anotación “Badajoz: que la fiscalía apoye recusación”, lo que indica un nivel de coordinación dentro de la organización política.
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