El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su desacuerdo con el pacto entre el Partido Popular (PP) y Vox en Aragón, calificándolo como un movimiento propagandístico. Durante su visita a Zaragoza, Torres subrayó que la denominada “prioridad nacional” que promueven estos partidos es, según él, una estrategia para ganar votos, a pesar de ser irrealizable.
Críticas al enfoque del pacto
Torres argumentó que, para el Gobierno, la verdadera prioridad nacional radica en mantener a España como una potencia económica en Europa, aumentando el salario mínimo, apostando por energías limpias y respetando los derechos sociales y territorios. Asimismo, destacó la importancia del Estado del Bienestar, la sanidad y la educación pública, así como de una inmigración regulada, alineándose en estos puntos con la Iglesia y el sector empresarial.
“Lo que hacen el PP y Vox es competir para demostrar quién es más xenófobo y quién vulnera más los derechos humanos”, declaró Torres.
Acciones legales ante medidas contrarias a los derechos humanos
El ministro aseguró que cualquier acción gubernamental impulsada por Vox que atente contra los derechos humanos, como la derogación de leyes de memoria o la vulneración de derechos de menores no acompañados, será llevada al Tribunal Constitucional.
- El concepto de “arraigo” ya está presente en diversas prestaciones sociales, pero Torres cuestiona su reinterpretación bajo el pacto PP-Vox.
- Resaltó la incoherencia de medidas como negar atención médica a hijos de inmigrantes, calificándolas de “mentiras” y “parafernalia”.
Implicaciones constitucionales
Para Torres, la “prioridad nacional” que pretende implantar el pacto no tiene respaldo constitucional, ya que contraviene el principio de igualdad y los derechos recogidos en la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas. Recalcó que las leyes deben cumplirse, pese a la resistencia de Vox en no acoger a menores no acompañados de otros territorios.
“La solidaridad es obligatoria, y el derecho superior del menor debe ser respetado”, señaló el ministro.
Relaciones interinstitucionales y futuro político
Torres expresó preocupación por el apoyo del PP a Vox, sugiriendo que esta alianza podría dificultar la cooperación interinstitucional. Criticó la retórica agresiva de Vox, afirmando que es incompatible con los valores democráticos y anticipó que el Gobierno continuará defendiendo la mayoría social con apego a las leyes.
Situación en Canarias y medidas futuras
En cuanto a la reubicación de menores migrantes, Torres indicó que ya no depende de reuniones sectoriales, sino que está legislado. Destacó que la Fiscalía ha tomado una posición firme contra las regiones que se niegan a aceptar más menores, lo que ha mejorado la situación en territorios fronterizos como Canarias.
El ministro subrayó que la proporción de menores no acompañados en regiones como Canarias, Ceuta o Melilla es significativamente mayor que en otras partes de España. Criticó la falta de comprensión por parte de algunas comunidades autónomas respecto a la situación real y la necesidad de cumplir con la legalidad y los derechos humanos.
Polémica sobre la deportación de menores
Torres desestimó la posibilidad planteada por Vox de deportar menores a terceros países sin la intervención del Gobierno central. Explicó que, aunque existen acuerdos bilaterales, como con Marruecos, estos no han demostrado efectividad y la deportación de menores está prohibida por el derecho internacional.
El ministro concluyó resaltando la necesidad de un acompañamiento jurídico para los menores y la imposibilidad de deportarlos sin su consentimiento, remarcando la vulnerabilidad de estos niños que llegan sin sus familias y deben ser protegidos por las administraciones públicas.
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