La antigua cárcel de Palma, desocupada el pasado 11 de junio, se convertirá en una residencia pública para profesionales, ofreciendo 139 unidades habitacionales temporales. Estos espacios estarán destinados a médicos, funcionarios, investigadores, profesores universitarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Así lo ha anunciado el alcalde Jaime Martínez, quien ha destacado el proyecto como una estrategia clave para ampliar la oferta residencial de la ciudad y favorecer la retención de talento.
Detalles del proyecto
El proyecto, cuya redacción básica ha sido aprobada por la Junta de Govern, abarcará aproximadamente unos 8,000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas: baja, primera y segunda. La propuesta combina la recuperación del patrimonio arquitectónico del inmueble con una nueva función residencial temporal, orientada a profesionales que se desplazan a Palma por motivos laborales.
Características de las viviendas
El complejo incluirá 50 unidades para estancias cortas y 89 para largas, con dimensiones variadas. Las unidades más pequeñas, de entre 16 y 22 metros cuadrados, están diseñadas principalmente para un ocupante, aunque pueden alojar hasta dos personas. Estas dispondrán de zona de descanso, espacio de almacenamiento, baño completo y área de trabajo integrada. Además, se incluirán cinco unidades dobles, de entre 25 y 30 metros cuadrados.
Para estancias más largas, se proyectan 89 unidades, de las cuales 59 serán apartamentos de entre 20 y 30 metros cuadrados, equipados con cocina completa, espacio de estar y dormitorio, baño completo, vestidor y área de trabajo. También se incluyen 26 unidades de mayor tamaño, de 30 a 35 metros cuadrados, y cuatro viviendas familiares de más de 40 metros cuadrados.
Instalaciones y zonas comunes
El modelo de ‘coliving’ del proyecto incluye zonas comunes para comedor, ocio, gimnasio y piscina. El alcalde Martínez ha señalado que estas soluciones habitacionales ofrecen suficiente espacio privado, complementado por extensas áreas comunes, lo que justifica las dimensiones reducidas de algunas unidades.
Transformación urbanística
Desde un punto de vista urbanístico, el proyecto contempla una profunda transformación del recinto. Se demolerán el muro perimetral, las torres de vigilancia y varios anexos, aunque se conservará el cuerpo central de la cárcel, que será adaptado al nuevo uso. El edificio conservará su valor patrimonial y se integrará en más de 5,000 metros cuadrados de zonas verdes, que incluirán patios ajardinados y un solárium en la cubierta.
Avances y próximas etapas
Tras el desalojo pacífico del edificio a principios de mes, el Ayuntamiento ha procedido a cerrar y asegurar el área para evitar reocupaciones. El próximo paso es licitar la redacción del proyecto de ejecución, el cual definirá el presupuesto y los plazos. Según Martínez, una vez adjudicadas las obras, la ejecución podría extenderse durante unos 18 meses.
El nuevo complejo pretende ser un ejemplo de cómo la recuperación del patrimonio puede aplicarse a las necesidades residenciales contemporáneas, dando nueva vida a un edificio abandonado y convirtiéndolo en una infraestructura clave para los profesionales que contribuyen al funcionamiento de la ciudad.
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