Vanesa Soler, pareja de Juanfran Pérez Llorca, dejará próximamente su puesto en la Diputación de Valencia. Desde el 3 de marzo, Soler ha desempeñado funciones como secretaria del diputado Ricardo Teruel, del Partido Popular. Fuentes del Palau de la Generalitat valenciana y de la propia diputación han confirmado que Soler no participará en el proceso para consolidar su posición en la institución, un puesto que mantiene en comisión de servicios por seis meses. La fecha límite para el final de su servicio será el 3 de septiembre.
Controversia en el nombramiento
El nombramiento de Soler generó una considerable controversia debido a que su llegada a la Diputación coincidió con el ascenso de Llorca a la presidencia. Soler es funcionaria con plaza en propiedad en el Ayuntamiento de Finestrat, donde Llorca ha sido alcalde durante varios años. Aunque se especula con su posible retorno a Finestrat, las fuentes consultadas no han confirmado esta posibilidad.
Proceso de selección y acusaciones
El proceso que permitió a Soler ocupar su puesto en la Diputación fue a través de una comisión de servicios. Durante este proceso, Soler fue seleccionada por un informe de idoneidad que destacaba su experiencia, superando a otras candidatas con más antigüedad. El informe valoró sus días cotizados como C1 y su experiencia previa en funciones de secretaría de dirección en Finestrat.
Defensa de Pérez Llorca
La designación de Soler fue criticada por la oposición, que la acusó de nepotismo tanto en la Diputación de Valencia como en las Corts. En respuesta, Juanfran Pérez Llorca defendió públicamente el proceso mediante un vídeo, argumentando que Soler tenía las mismas oportunidades que cualquier otro funcionario para trasladar su puesto de trabajo. Además, señaló que el salario de 52,000 euros que Soler recibiría es equivalente al de cualquier posición catalogada como C1 21 C3.
“Ella tiene las mismas oportunidades que cualquier funcionario para desplazar su puesto de trabajo y su sueldo será igual al de cualquier otro en su categoría”, afirmó Llorca.
Impacto económico
El nuevo puesto de Soler en la Diputación representó un incremento significativo respecto a sus ingresos anteriores en la administración de origen, donde su salario era de aproximadamente 38,000 euros. Este aumento salarial fue uno de los puntos más cuestionados por quienes criticaban el nombramiento.
El caso ha sido seguido de cerca por diversos sectores políticos y ha generado un intenso debate sobre las prácticas de nombramientos en las instituciones públicas. Mientras Soler prepara su salida de la Diputación, el proceso de consolidación de su plaza sigue su curso, a la espera de que se defina de manera definitiva su ocupación.
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