La reciente reforma educativa impulsada por el Partido Popular (PP) y Vox en la Comunitat Valenciana introduce cambios significativos en el sistema educativo, destacando un refuerzo en las funciones de inspección y una reducción del uso del valenciano. Esta modificación normativa afecta varios aspectos del ámbito educativo, desde los currículums escolares hasta los planes de convivencia, generando reacciones diversas entre sindicatos y comunidades educativas.
Modificaciones en el currículum escolar
Uno de los cambios más notorios se observa en el currículum de Educación Infantil. La reforma elimina las referencias al valenciano como lengua propia, así como la promoción de la diversidad lingüística. Anteriormente, el decreto de 2022 destacaba la integración de las lenguas oficiales y familiares, fomentando actitudes de respeto hacia el valenciano y el castellano. Esto ha sido eliminado, y ahora solo se menciona la convivencia del castellano y el valenciano como lenguas oficiales.
Asimismo, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un enfoque educativo diseñado para hacer la enseñanza accesible y efectiva para todo el alumnado, ha sido removido del currículum. Este concepto proponía diversas formas de presentar información y de participación en el proceso de aprendizaje, aspectos que han dejado de estar presentes en la nueva redacción.
Eliminación de la perspectiva de igualdad de género
El decreto original incluía menciones a la identidad de género, la sexualidad y la perspectiva de igualdad de género, con el propósito de reconocer los derechos de los alumnos. Sin embargo, la nueva normativa elimina estas referencias, limitándose a mencionar una “perspectiva de igualdad”, sin los detalles presentes anteriormente.
Fortalecimiento de la inspección educativa
La reforma también otorga nuevas atribuciones a la Inspección Educativa. Estas funciones están orientadas a garantizar la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes y los materiales curriculares se mantengan libres de adoctrinamiento. Se busca asegurar el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia de los estudiantes y sus familias.
Además, se establecen canales de denuncia para que miembros de la comunidad educativa reporten posibles incumplimientos normativos. La inspección realizará una evaluación inicial de las denuncias en un plazo de diez días hábiles y, de ser necesario, podrá llevar a cabo actuaciones prioritarias, como visitas a los centros y entrevistas con el personal docente implicado.
Medidas urgentes y nuevas obligaciones
En caso de detectar circunstancias que puedan perjudicar gravemente al alumnado, la inspección está facultada para proponer medidas provisionales a los órganos competentes. Estas medidas se tomarán tras escuchar a los afectados, salvo que existan razones de urgencia que justifiquen otra actuación.
La normativa también introduce la obligación de mantener el rostro descubierto, considerándolo un principio básico de respeto y convivencia. Esta medida, calificada como “falta grave” en el decreto de convivencia, busca garantizar la interacción socioafectiva y la seguridad del centro. Se contempla la posibilidad de cubrirse el rostro solo por prescripción médica o en actividades específicas, como las teatrales.
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