Una jueza ha dejado al exconseller de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Salvador Milà, al borde de enfrentarse a juicio por presunta adjudicación irregular de un contrato en el Ayuntamiento de Altafulla, ubicado en Tarragona. Esta situación se deriva de una investigación en la que también se encuentra involucrado Fèlix Alonso, exalcalde del municipio y actual diputado de Sumar en el Congreso. Según fuentes jurídicas, la titular del juzgado número 4 de El Vendrell ha emitido un auto que concluye la instrucción del caso, dejando a Milà a las puertas del juicio por indicios de un posible delito de prevaricación.
Investigación en el marco de un gobierno tripartito
La investigación contra Salvador Milà, quien fuera conseller de Medio Ambiente entre 2003 y 2006 durante el gobierno tripartito encabezado por Pasqual Maragall, se enmarca en un proceso judicial dirigido por el juzgado de El Vendrell. Este proceso indaga sobre la contratación de empresas de consultoría gestionadas por personas cercanas al entorno político del alcalde. En este contexto, el Tribunal Supremo ha iniciado una investigación por prevaricación contra Alonso, quien cuenta con aforamiento ante dicho tribunal. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha iniciado procedimientos similares contra el exconseller Joan Ignasi Elena y el excoordinador de ICV Joan Herrera, en relación a adjudicaciones a la empresa Sinergia EDM.
Detalles de las acusaciones contra Salvador Milà
En el caso que involucra a Milà, la jueza ha identificado indicios de delito en la adjudicación de un contrato menor para servicios de asesoría jurídica en 2016, con una duración de un año. El contrato fue autorizado mediante un decreto del alcalde que solicitó a la secretaria municipal evaluar la necesidad del servicio, debido a la imposibilidad de cubrirlo con personal del consistorio.
La interventora municipal emitió un informe confirmando la disponibilidad presupuestaria para el contrato, por un valor de 12.100 euros y una duración máxima de un año. Sin embargo, tras la finalización del contrato, la empresa de Milà continuó emitiendo facturas al Ayuntamiento, lo que ha sido objeto de investigación.
Facturas sin contrato
El auto del Supremo señala que Milà emitió 12 facturas por servicios de asesoría durante tres años, sumando un total de 31.720 euros, sin un procedimiento formal de adjudicación. Además, se han identificado facturas adicionales por servicios no relacionados con la asesoría, por valores de 4.911 y 1.031,7 euros, respectivamente, también sin contrato.
Contratos bajo el formato de “menor”
En 2017, el Ayuntamiento firmó un contrato de asesoría con la empresa administrada por Elena y Herrera, lo que llevó a su imputación. El Tribunal Supremo considera que las adjudicaciones a Milà Advocats y Sinergia EDM fueron concedidas bajo la figura de “contrato menor”, permitiendo su adjudicación directa sin concurso público, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa.
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