Supremo investiga a diputado Fèlix Alonso por contratos en Altafulla

El Tribunal Supremo ha iniciado un proceso judicial contra Fèlix Alonso, diputado de los Comuns en el Congreso, debido a un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la adjudicación de contratos durante su mandato como alcalde de Altafulla entre 2011 y 2019. La acusación se centra en la adjudicación directa de contratos a las empresas Milà Advocats SLP y Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP. El magistrado Vicente Magro ha sido designado como juez instructor del caso.

Investigación del Tribunal Supremo

La decisión del Supremo se alinea con el criterio de la fiscalía, que ha recibido una exposición razonada de un juzgado de El Vendrell, enviada el 26 de diciembre, debido al fuero de Alonso. A pesar de la apertura del caso, los Comuns mantienen su confianza en la inocencia del diputado, quien continuará en su cargo por el momento.

El Tribunal Supremo ha constatado que Alonso, “presumiblemente para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era”, realizó contrataciones mediante la figura del contrato menor, eludiendo así los requisitos de publicidad y permitiendo la adjudicación directa y arbitraria.

El tribunal también señala la posibilidad de que se investiguen otros delitos, debido a la forma irregular de contratación y la dinámica de facturación empleada para pagar los servicios, lo cual podría indicar otras irregularidades.

Contratos con Sinergia Energia Dret

Según el auto, Alonso habría mantenido relaciones contractuales con Sinergia Energia Dret sin estar sujeto a la normativa correspondiente y sin contar con informes justificativos del órgano de contratación. Un ejemplo es la redacción de pliegos de contratación para el casal La Violeta de Altafulla, por la cual se pagaron 5.000 euros sin constar expediente alguno, aunque sí existe una factura pagada en octubre de 2018.

Además, se menciona un contrato menor para asesoramiento jurídico que abarcó un año, desde octubre de 2017, con un coste de 1.300 euros más IVA al mes, acumulando un total de trece facturas. Sin embargo, se emitieron nueve facturas adicionales fuera de contrato, de las cuales siete contaban con un informe de fiscalización disconforme.

Relación con Milà Advocats

En cuanto a Milà Advocats, el tribunal señala que se estableció un contrato menor de un año para servicios de asesoramiento jurídico. Alonso habría ordenado a la secretaría municipal justificar la necesidad de contratar específicamente a este despacho, aunque el contrato no debía exceder el año de duración. Sin embargo, se emitieron doce facturas sin contrato durante tres años, por un importe de 31.720 euros más IVA.

Además, se encontraron facturas adicionales por servicios de asesoramiento cobradas sin contrato, por un importe de 4.911,57 euros más IVA. El tribunal concluye que, aunque la duración del contrato era de un año, se prorrogó y el precio se fraccionó para mantenerlo dentro del límite de un contrato menor.

Conclusiones de la Oficina Antifraude

Un informe de la Oficina Antifraude concluye que “no hay duda” sobre la necesidad de iniciar un procedimiento que respete los principios de libre concurrencia e igualdad de trato.

Reacciones de los Comuns

Fuentes de los Comuns afirman confiar en la inocencia de Alonso, señalando que la denuncia proviene de una asociación “sin actividad conocida”. Argumentan que los contratos objeto de investigación se refieren a servicios jurídicos especializados necesarios en un contexto de fuerte presión urbanística en Altafulla durante esos años. Insisten en que las cuantías están dentro del marco legal y los servicios prestados están debidamente acreditados.