El Tribunal Constitucional ha decidido suspender de manera cautelar la derogación de la ley de Memoria Histórica en las Islas Baleares, una medida que había sido impulsada por el gobierno de Marga Prohens, del Partido Popular, en colaboración con Vox. Esta derogación había sido aprobada en marzo de 2026 y constituía una anulación de la anterior normativa de Memoria y Reconocimiento Democráticos, vigente desde abril de 2018.
Admisión del recurso de inconstitucionalidad
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno, cuestionando la Ley 1/2026 que derogaba la ley de Memoria Histórica. Este recurso se fundamenta en que la norma podría contravenir varios artículos de la Constitución, específicamente los artículos 15 y 10.1, que protegen los derechos fundamentales de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Además, el Gobierno argumenta que la ley cuestionada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, afectando los artículos 149.1.1 y 149.1.30, así como el principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. También se alega una vulneración de los principios de seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, establecidos en el artículo 9.3 de la Constitución.
Contexto político y social
La derogación de la ley de Memoria Histórica en Baleares generó una significativa oposición social y política. El día de su aprobación, cerca de 200 personas se concentraron frente al Parlamento balear para expresar su descontento, denunciando una pérdida de derechos humanos. El diputado de Vox, Jorge Campos, fue criticado por su actitud despectiva hacia los manifestantes.
El recurso de inconstitucionalidad se presentó el 9 de junio de 2026, y la suspensión de la ley será efectiva desde la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado. La medida ha sido respaldada por el Consejo de Estado, que considera que la derogación vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas con la ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática.
Repercusiones y debates
El debate sobre esta cuestión no solo se limita a Baleares. Otras comunidades autónomas, como Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana, han visto también impugnadas sus leyes autonómicas relacionadas con la memoria histórica. El Gobierno busca garantizar los derechos a la verdad, reparación y garantías de no repetición, que son fundamentales para la dignidad de las víctimas.
“El estatuto jurídico de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos está contemplado internacionalmente. Es esencial mantener los órganos administrativos que aseguran el cumplimiento de estas normativas”, argumenta el recurso.
El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre otras cuestiones relacionadas, como el recurso de amparo solicitado por las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, quienes fueron expulsadas del Parlamento Balear en junio de 2024. Las expulsiones, según las diputadas, vulneraron sus derechos fundamentales y están vinculadas al debate sobre la derogación de la ley de Memoria Histórica.
Impacto en la legislación autonómica
El recurso subraya la importancia de mantener una coherencia legislativa que respalde los derechos internacionales de las víctimas. Estas leyes autonómicas, a pesar de buscar una perspectiva de concordia, podrían anular importantes avances en materia de memoria histórica al suprimir organismos y procedimientos administrativos relacionados.
El Gobierno insiste en que, al suprimir la ley de Memoria Histórica, se vulneran los artículos 10 y 15 de la Constitución en cuanto a la dignidad y la integridad moral de las personas. Además, se contraviene la ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática, que busca asegurar estos derechos a través de su inclusión en el sistema educativo y otras medidas de reparación pública y moral.
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