Más de dos semanas después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, el polvo aún se mantiene en el aire mientras las autoridades continúan lidiando con las secuelas del desastre. El Gobierno provisional ha decidido no utilizar fosas comunes para los más de 4118 fallecidos. En su lugar, se ha dispuesto el cementerio de La Esperanza, ubicado a 30 kilómetros de Caracas, para las sepulturas individuales. En este lugar, cada ataúd se coloca en parcelas delimitadas, con identificaciones alfanuméricas que ayudan a la localización de las víctimas por parte de sus familias.
Gestión de escombros: un desafío ecológico
Aún queda por resolver la cuestión del destino de los aproximadamente 17 millones de toneladas de escombros generados por el sismo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) han estimado esta cifra. Imágenes difundidas recientemente han mostrado camiones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) arrojando residuos en la costa de La Guaira, lo que ha encendido las alarmas entre los ecologistas.
“Usar el mar como un gran basurero supone una amenaza para la fauna marina y el ecosistema costero”, advirtió la conservacionista Karen Brewer-Carías, subrayando los riesgos de erosión costera y contaminación marina.
Brewer-Carías explicó que los materiales como el yeso y el concreto podrían cubrir los corales, afectando su simbiosis y alterando los patrones de migración de peces, lo que impactaría negativamente la subsistencia de las comunidades locales.
Riesgos químicos y falta de protocolos
Además del impacto ecológico, existe un riesgo químico latente. Los escombros contienen sustancias potencialmente tóxicas que, al diluirse en el agua salada, podrían alterar la bioquímica del área. “Esto se convertirá en un problema de bienestar común y calidad de vida”, señaló Brewer-Carías.
El coordinador general de Clima 21, Alejandro Álvarez, enfatizó la necesidad de clasificar y procesar los restos de manera adecuada. La separación de materiales como hierro y concreto permitiría su posterior reutilización en construcción. Sin embargo, el país carece de un protocolo específico para la gestión de residuos post-catástrofe, aunque ha suscrito convenios internacionales que podrían guiar sus acciones.
Desafíos económicos
La problemática de los escombros se suma a los retos económicos que enfrenta Venezuela. Con 190 edificios completamente colapsados y más de 17,907 personas sin hogar, el país necesita recursos para la reconstrucción. La “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez, ha iniciado gestiones internacionales para liberar fondos congelados por sanciones previas al Gobierno de Nicolás Maduro.
Rodríguez ha solicitado la liberación de activos del Banco de Inglaterra y agradeció la comprensión del Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando financiar la reconstrucción del país. Sin embargo, las necesidades superan con creces las ayudas disponibles, que incluyen más de 300 millones de dólares comprometidos por Estados Unidos.
Impacto económico del desastre
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños directos ascienden a 6,700 millones de dólares, equivalentes al 8.5% del PIB venezolano. Algunos expertos consideran que estas cifras podrían ser aún mayores. Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, ha solicitado una flexibilización de las sanciones para permitir un apoyo humanitario efectivo.
En resumen, Venezuela enfrenta un complejo panorama en el manejo de los escombros del terremoto, con implicaciones ecológicas, químicas y económicas que requieren una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional.
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