El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores debido a la reciente decisión del Gobierno de Aragón de eliminar la asignación económica semanal destinada a menores extranjeros no acompañados. La medida, promovida por Vox a través del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha sido justificada como una parte de su política de «prioridad nacional».
Argumentos del Ministerio de Juventud e Infancia
Desde el Ministerio se argumenta que la supresión de estas ayudas podría constituir una violación de derechos fundamentales de la infancia y discriminación por razón de origen. La consejera Sira Rego ha señalado que esta acción diferencia entre menores tutelados por la misma administración según su procedencia, ya que se retira la asignación a los jóvenes migrantes mientras se mantiene para los de nacionalidad española.
«Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años», expresó la ministra, quien calificó la medida como «racista» y «miserable».
Justificación de la medida por parte del Gobierno de Aragón
La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha suprimido las pagas semanales de 17 euros por menor, las cuales, según el Ejecutivo autonómico, carecían de soporte reglamentario y suponían un gasto anual de aproximadamente 180.000 euros. Según el vicepresidente aragonés, estos fondos podrían destinarse a crear nuevas plazas para ancianos en residencias, reflejando su prioridad de atender primero a los ciudadanos españoles.
Impacto y reacciones
El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que esta decisión podría infringir el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por nacimiento o raza, y el artículo 39, que obliga a la protección de la infancia. Además, recalca que las administraciones deben asegurar la cobertura de las necesidades diarias de los menores tutelados y promover su integración sin discriminación.
Rego ha declarado que estas políticas buscan «crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma» y ha criticado la aplicación de la «prioridad racista» acordada entre el PP y Vox.
Recurso a la Fiscalía
El Ministerio ha enviado un oficio a la Fiscalía para que se evalúe si esta medida puede representar una vulneración de los derechos de los menores bajo tutela. La controversia gira en torno a la igualdad de trato para menores en iguales condiciones administrativas, pero de diferentes orígenes, lo que ha suscitado un debate sobre la gestión de recursos y las obligaciones de las administraciones hacia la infancia.
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