La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado. Esta acción se debe a lo que consideran una vulneración del derecho a la defensa de Gómez, relacionada con el procedimiento judicial en curso, conocido como el ‘caso Begoña Gómez’.
Denuncias de la defensa
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha manifestado su preocupación en un documento presentado ante las autoridades judiciales. Según Camacho, el pasado sábado, se enteraron de la apertura del juicio oral, la retirada del pasaporte de su defendida y las citaciones judiciales quincenales “a través de los medios de comunicación”, sin que hubiera una notificación oficial por los canales habituales.
“Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento”, señala el escrito de la defensa. Añade que el abogado se enteró de estas resoluciones a través de la prensa, lo que consideran una “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial”.
Aspectos legales y constitucionales
El abogado Camacho argumenta que esta situación representa una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”, derechos recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española. Este artículo protege el derecho de los investigados a ser informados de las actuaciones que los afectan directamente. La defensa subraya la especial gravedad de la situación, ya que las medidas impuestas podrían implicar restricciones a la libertad y otros derechos fundamentales, afectando el ejercicio de los recursos legales disponibles.
Impacto en la imagen judicial
La defensa de Gómez también destaca que el hecho de conocer estas resoluciones a través de la prensa y no por los canales procesales adecuados, compromete la imagen de la Administración de Justicia. Además, pone en cuestión el principio de igualdad de armas entre las partes involucradas en el proceso.
Repercusiones y acciones futuras
Ante esta situación, el CGPJ ha convocado una reunión de urgencia para evaluar la posibilidad de abrir un expediente disciplinario al juez Peinado. Esta medida se considera en respuesta a las acusaciones realizadas por el magistrado hacia la Policía en el contexto del mismo caso.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su desacuerdo con las acciones del juez Peinado, calificándolas de “sospechas injustificadas”. Además, ha elevado una queja formal al CGPJ, defendiendo la integridad de las actuaciones judiciales en curso.
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