El abogado Antonio Camacho, responsable de la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El letrado denuncia una “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial” derivada de una resolución emitida por el juez Juan Carlos Peinado. Esta decisión, dictada el sábado, no solo ordena la apertura de juicio sino que también impone medidas cautelares a Gómez, como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.
Camacho critica que el juez acordara estas medidas cautelares, solicitadas en la última vista del caso, sin notificación previa o simultánea a través de los cauces procesales establecidos. En su escrito, solicita que la Inspección de Tribunales examine las circunstancias del caso, afirmando que la falta de comunicación oficial compromete gravemente la imagen del poder judicial y vulnera el derecho constitucional a la defensa.
Argumentos legales y constitucionales
El abogado sostiene que la actuación del juez Peinado vulnera el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el “derecho a ser informado de las actuaciones que afectan al investigado”. Subraya que la notificación formal de decisiones judiciales es una obligación legal que no depende del día en que se dicte la resolución. Destaca que las medidas cautelares que restringen la libertad o derechos fundamentales sin comunicación oportuna son especialmente graves, ya que impiden el ejercicio inmediato de recursos procesales, ocasionando un “perjuicio irreparable de orden material y procesal”.
“El hecho de tener que conocer estos mandatos a través de la prensa compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, sostiene Camacho en su escrito.
Reacciones y posibles consecuencias
El escrito de Camacho urge al CGPJ a admitir la queja y ordenar a la Inspección de Tribunales que investigue las circunstancias bajo las cuales se dictaron las resoluciones. Además, solicita que se tomen “medidas oportunas” si se comprueba un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial. Este escenario podría aumentar la tensión en las futuras reuniones del CGPJ donde se abordará este asunto.
Reacciones de las acusaciones populares
El proceso en el CGPJ ha generado revuelo entre las acusaciones populares en el caso de Begoña Gómez. El partido político Iustitia Europa ha manifestado su oposición a que el CGPJ considere abrir diligencias informativas o un expediente disciplinario contra el juez Peinado. Argumentan que esto representaría una “injerencia frontal en la independencia judicial”, supuestamente impulsada por “presiones del poder ejecutivo”.
El partido recuerda que el CGPJ no es una instancia de apelación y que la doctrina del Tribunal Supremo impide a este órgano interferir en procesos pendientes o examinar el fondo de resoluciones que no son firmes.
- El abogado Camacho presenta una queja por irregularidades judiciales ante el CGPJ.
- Denuncia la falta de notificación formal de medidas cautelares a Begoña Gómez.
- Solicita la intervención de la Inspección de Tribunales para investigar el caso.
- El partido Iustitia Europa critica la posibilidad de un expediente disciplinario contra el juez Peinado.
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