El juez Juan Carlos Peinado ha finalizado la instrucción contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha propuesto su enjuiciamiento por cuatro delitos, entre ellos malversación y tráfico de influencias. La decisión se produce tras dos años de una investigación que ha generado controversia.
Detalles del caso y acusaciones
Según el auto del juez, fechado el 11 de abril, Gómez habría utilizado su relación con Sánchez para influir en autoridades y funcionarios, lo cual le habría permitido avanzar en su carrera profesional, específicamente en una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Peinado ha excluido el delito de intrusismo profesional, que anteriormente formaba parte de la investigación.
El caso fue iniciado por una denuncia de Manos Limpias en 2024 y ampliado por querellas de Hazte Oír y Vox. Además de Gómez, están implicados en el proceso Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Reacciones y argumentación judicial
El juez ha decidido que el caso sea juzgado por un jurado popular. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía sostienen que no existen elementos penales suficientes y han solicitado el archivo del caso. La instrucción del juez ha sido objeto de correcciones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid en varias ocasiones.
“Por mucho que se busque […] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, afirma el juez Peinado.
Implicaciones de la cátedra en la Complutense
La investigación se centra en la cátedra de Transformación Social Competitiva, que lideraba Gómez en la UCM hasta finales de 2024. El juez argumenta que el cambio en la trayectoria profesional de Gómez coincide con la llegada de Sánchez a la presidencia. El exvicerrector Juan Carlos Doadrio declaró que no era necesario un título universitario para codirigir la cátedra, aunque mencionó que el caso de Gómez era único en su experiencia.
- Creación rápida de la cátedra, según el exvicerrector.
- Carta de apoyo enviada por Gómez para beneficiar a la UTE del empresario Barrabés.
- Uso del Palacio de La Moncloa para reuniones, considerado un indicio de corrupción.
Rol de Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez
Juan Carlos Barrabés, empresario y docente del máster, es señalado como cooperador en el tráfico de influencias, participando en reuniones y asesorías estratégicas. La jueza enfatiza que su implicación no se limitó a la enseñanza en el máster.
Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, es acusada de participar activamente en gestiones del proyecto universitario, usando incluso el correo institucional. Aunque la defensa argumenta que Álvarez no era funcionaria de carrera, el juez considera su participación como una posible “presión moral” y cooperadora necesaria en las gestiones.
Las partes disponen de cinco días para presentar sus conclusiones y alegaciones antes de avanzar hacia el juicio. La Moncloa ha expresado su descontento por las decisiones del juez, señalando que suelen coincidir con viajes oficiales del presidente al extranjero.
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