La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe ante el juez Juan Carlos Peinado, en el que se identifican pagos realizados desde la esfera personal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Estos pagos están vinculados al desarrollo del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Detalles de los pagos
El informe revela que se realizaron dos transferencias a una persona identificada como Sandra A.A., quien en ese momento estaba vinculada a la Cámara de Comercio. Las transferencias, por un total de 3.570 euros, no tienen una motivación clara según el documento. Además, se menciona una supuesta relación con gastos de taxi y la empresa Transforma TSC SL, fundada por Gómez.
“No es posible precisar con exactitud cuáles eran las aspiraciones comerciales de la empresa creada por Gómez, dado que su periodo de actividad fue breve”, apunta el informe de la UCO.
Gastos adicionales asumidos por Gómez
Begoña Gómez también habría asumido otros gastos relacionados con el registro de marcas y dominios web. Según el informe, pagó un total de 127,88 euros y 206,57 euros por dos registros de marcas, además de un pago adicional de 23,19 euros por una modificación. Asimismo, se hicieron pagos por el registro del dominio www.transformatsc.org por un total de 118,58 euros. Estos costos, según la UCO, contrastan con otros pagos de mayor cuantía que fueron asumidos con fondos de la universidad.
Contrataciones bajo la lupa
El informe de la Guardia Civil también examina la contratación de servicios para desarrollar la plataforma de la cátedra, que fue financiada por la Universidad Complutense. Se destacan los contratos con Making Science Group SA y Deloitte Consulting SLU. En el caso de Deloitte, se llevaron a cabo contrataciones que, según la UCO, fueron premeditadas y no siguieron el procedimiento administrativo estándar.
“Las adjudicaciones a Deloitte no solo estaban premeditadas, sino que la consultora ya había comenzado sus funciones antes de la adjudicación del contrato”, señala el informe.
Irregularidades en los procedimientos
La UCO concluye que los contratos con Deloitte se ajustaron a condiciones predefinidas por la consultora y la cátedra, lo que incluyó el precio de los servicios. Además, se habrían solicitado ofertas de manera simulada, limitando así la participación de otros licitadores y favoreciendo a Deloitte.
Por otro lado, la contratación de Making Science Group SA se realizó sin un expediente administrativo adecuado, a pesar de que por su importe, 20.000 euros sin IVA, requería un procedimiento formal. La intervención competente liberó el pago para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la universidad después de que el servicio ya había sido prestado.
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