El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles la imposición de una multa de 3,6 millones de euros a la compañía Alquiler Seguro. La sanción, que se ha hecho definitiva tras desestimar el recurso interpuesto por la empresa, responde a prácticas abusivas hacia los inquilinos. El ministro Pablo Bustinduy firmó la resolución que ratifica las conclusiones del expediente sancionador iniciado por la Dirección General de Consumo.
La inmobiliaria fue encontrada culpable de seis infracciones muy graves y una grave, todas relacionadas con la violación de los derechos de los consumidores y el aprovechamiento de su posición dominante en el mercado. El expediente detalla que Alquiler Seguro impuso al arrendatario costes que debían ser asumidos por el propietario. Entre estos, se incluyen un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar y cargos por reclamaciones no imputables al arrendatario.
Otras prácticas sancionadas incluyen la inclusión de cláusulas que permitían registrar a los arrendatarios en ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en ciertos contratos. La multa se desglosa en varias sanciones, que incluyen una de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una más de 10.001 euros.
Cláusulas abusivas
La resolución también obliga a Alquiler Seguro a eliminar las cláusulas abusivas señaladas y corregir los incumplimientos detectados. Además, la empresa debe hacer pública la sanción y la identidad de los responsables de la sociedad.
“La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una sanción ejemplar a Alquiler Seguro y llama a los afectados a denunciar los cobros abusivos”, declaró un portavoz de la organización.
El expediente se originó en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU. Esta investigación se suma a otra en curso por hechos similares. En diciembre, el Ministerio de Consumo ya había anunciado la sanción debido a que la empresa trasladaba a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, algo prohibido por la Ley de Vivienda.
La empresa presentó un recurso contra esta decisión, que ahora ha sido rechazado, cerrando así la vía administrativa.
Reacciones y contexto
El mercado inmobiliario y la normativa vigente han sido objeto de debate constante, con especial atención a las prácticas de algunas inmobiliarias que afectan a los derechos de los inquilinos. Este caso se presenta como un ejemplo significativo de las medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar para proteger a los consumidores.
Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy ha reiterado el compromiso del gobierno en garantizar que las empresas del sector respeten las normativas y los derechos de los consumidores. Este enfoque busca asegurar que los inquilinos no sean víctimas de prácticas abusivas por parte de empresas con posición dominante en el mercado.
El caso de Alquiler Seguro podría servir como precedente para futuras sanciones y medidas regulatorias en el sector inmobiliario, subrayando la importancia de la transparencia y la equidad en las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 continúa trabajando en colaboración con organizaciones de consumidores para identificar y sancionar prácticas abusivas en el sector, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los inquilinos en toda España.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!