Los trabajadores del centro de personas con discapacidad de Churra, investigados por presunto acoso laboral al director, han presentado una denuncia contra el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). El martes, nueve empleados llevaron su caso ante la Fiscalía, acusando al IMAS y a su directora gerente de prevaricación administrativa y violación de los derechos laborales.
Contexto de la Denuncia
La denuncia surge después de que la Comunidad Autónoma remitiera al Ministerio Público un informe del equipo multidisciplinar que abordaba posibles situaciones de acoso laboral en el centro. Los trabajadores alegan que el IMAS no actuó pese a tener conocimiento de un deterioro grave en la salud laboral desde hace años. Según el documento, un informe del Servicio de Prevención de 2019 ya había alertado sobre una situación preocupante.
“Pese a estos datos, el IMAS no adoptó ninguna medida de atención psicológica o psiquiátrica para los afectados”, señalaron los representantes legales de los trabajadores.
Detalles del Informe
El informe de 2019 revela que un tercio del personal sufría problemas psiquiátricos significativos, según la Escala de Salud de Goldberg, cifra que duplicaba la media general en otras poblaciones laborales. Además, casi la mitad de los trabajadores experimentaban estrés relacionado con la insuficiencia de recursos. Un 50% del personal reportó haber sido humillado o vejado, y el 38% describió un ambiente laboral negativo con repercusiones directas en su salud.
Acciones y Reacciones
La denuncia también indica que la Administración ignoró al menos 13 solicitudes de ampliación de plantilla entre 2021 y 2024, y que las medidas preventivas tomadas fueron insuficientes y se implementaron con retrasos de hasta siete años. Los trabajadores argumentan que la resolución de febrero del IMAS, en el expediente de acoso, impuso sanciones basadas en que el acoso no podía descartarse, una conclusión del informe del Servicio de Prevención.
“La mera no exclusión de una conducta no puede constituir prueba de cargo suficiente para restringir derechos”, puntualizó el abogado de los trabajadores.
Investigación Solicitada
Se solicita al Ministerio Fiscal que investigue si el IMAS incurrió en delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores. Los demandantes piden que se requiera el expediente administrativo completo, incluyendo el informe minoritario del equipo multidisciplinar, así como informes psicosociales de 2015 y 2019, y todos los partes de incidencia del centro entre 2020 y 2024. Además, solicitan investigar la filtración de un informe provisional en noviembre de 2025.
Respuesta de la Consejería de Política Social
La Consejería de Política Social afirma que el centro cuenta con una ratio de personal superior al mínimo establecido en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de la Dependencia, con 151 trabajadores para 70 residentes. Destaca que tras el diagnóstico de 2019 se implementaron medidas para mejorar el clima laboral, tales como:
- Definición clara de roles y funciones para cada grupo profesional.
- Promoción de canales de comunicación eficientes entre empleados y superiores.
- Formación sobre riesgos psicosociales y relaciones interpersonales.
- Elaboración de un código de conducta con tolerancia cero hacia comportamientos inapropiados.
- Mejora en la coordinación entre trabajadores y la Dirección.
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