El reciente desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años, ha generado una fuerte conmoción social y política en España. Este suceso ha impulsado al Gobierno de Pedro Sánchez a considerar la aprobación de un real decreto ley de vivienda, que hasta ahora había estado estancado debido a desacuerdos entre los grupos parlamentarios. La situación de Maricarmen ha reavivado el debate sobre el acceso a una vivienda digna y la influencia de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.
Reacciones del Gobierno y la oposición
El caso de Maricarmen ha provocado una ola de solidaridad e indignación pública. El Ejecutivo, junto con el PSOE, ha señalado a las instituciones de Madrid, lideradas por el Partido Popular, como responsables. Sin embargo, el impacto del desalojo ha llevado a partidos como el PP, Sumar y otros de izquierda a criticar la gestión gubernamental de este problema social. En respuesta, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha reactivado las negociaciones con los grupos parlamentarios, mientras que Moncloa considera “muy factible” que el próximo Consejo de Ministros apruebe el decreto de vivienda, a pesar de no tener aún asegurados los votos necesarios en el Congreso.
Situación de Maricarmen Abascal
Maricarmen, quien además enfrenta una discapacidad, permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón debido a un agotamiento extremo. La empresa propietaria de su vivienda, identificada por la izquierda como un “fondo buitre”, rechazó propuestas para evitar su desalojo, incluyendo una donación anónima para cubrir parte del alquiler que ella no podía pagar. Maricarmen también declinó la oferta de las instituciones madrileñas de trasladarse a una residencia.
Impacto político y social
El desalojo de Maricarmen ha sido calificado por el presidente Sánchez como una “tragedia social”. Durante su comparecencia en Nueva York, instó a todos los grupos del Congreso a apoyar el decreto de vivienda, diseñado para conciliar diferentes posiciones políticas. Este decreto busca superar los obstáculos que han impedido en ocasiones anteriores la aprobación de medidas como la moratoria antidesahucios.
Presión de los partidos y medidas propuestas
Sumar, uno de los socios del Gobierno, ha presionado para que el decreto se apruebe “sí o sí” en el próximo Consejo de Ministros, sugiriendo incluso la expropiación del piso de Maricarmen. Esta propuesta de expropiación es una intervención excepcional que Moncloa aún está considerando. Las políticas de vivienda han sido un punto de fricción constante entre los socios de gobierno, llegando a causar tensiones significativas en marzo pasado.
Contenido del decreto de vivienda
El texto del decreto, acordado antes del verano como base para las negociaciones, incluye una “prórroga reforzada” de los alquileres en situaciones de vulnerabilidad hasta junio de 2028, beneficiando potencialmente a cerca de cuatro millones de personas. Otras medidas incluyen la regulación del arrendamiento de temporada y habitaciones, incentivos fiscales para propietarios que reduzcan precios de alquiler, y un aumento del IVA para pisos turísticos.
Los partidos políticos esperan la concreción de estas medidas. El PNV, por ejemplo, insiste en que las administraciones, y no los pequeños propietarios, deben ser responsables en casos de vulnerabilidad. Mientras tanto, Junts ha mostrado disposición a renegociar en medio de sus desacuerdos con Sánchez.
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