El Senado español se prepara para un nuevo capítulo en la relación bilateral con Francia, ya que el Partido Popular (PP) ha decidido utilizar su mayoría absoluta para detener temporalmente el proceso de ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación firmado entre los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en enero de 2023. Esta decisión se basa en las dudas sobre la constitucionalidad de un artículo del tratado que permitiría a un ministro francés participar en reuniones del Consejo de Ministros español.
Cuestionamientos constitucionales
El PP ha expresado su preocupación por el artículo del tratado que permitiría la presencia de un ministro francés en el Consejo de Ministros de España cada tres meses. A pesar de un acuerdo entre España y Francia para limitar estas reuniones a encuentros ‘ad hoc’, los populares consideran que esta disposición podría contravenir la Constitución. Según ellos, los artículos 13 y 23 de la Carta Magna limitan la participación de extranjeros en asuntos públicos del país y establecen el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Estas preocupaciones llevaron a que el Congreso de los Diputados rechazara el tratado anteriormente, con los votos en contra del PP, Vox, y UPN, además de la abstención de Junts y Podemos. Las objeciones del PP se centran en la falta de una adenda que aclare la interpretación sobre la participación de ministros extranjeros en el tratado original.
Intentos de resolución
El gobierno español, con el objetivo de resolver este impasse, logró que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, intercambiaran cartas para matizar la cuestión. El acuerdo alcanzado estipula que cualquier invitación a un ministro francés sería para participar en márgenes separados del Consejo de Ministros, sin tratar asuntos internos. Esta modificación permitió que el texto recibiera el visto bueno de algunas fuerzas políticas en el Congreso.
Recurso al Tribunal Constitucional
A pesar de estos esfuerzos, el PP mantiene su postura en contra del tratado y ha anunciado que este jueves presentará una solicitud al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo en cuestión. El reglamento del Senado permite que los tratados internacionales sean sometidos a un control previo del TC, lo que paraliza su tramitación hasta que se emita un dictamen.
El proceso ante el Tribunal Constitucional implica la apertura de un plazo de un mes para que las partes interesadas presenten sus opiniones. Posteriormente, el TC deberá emitir su informe en un plazo de 30 días, lo que podría influir decisivamente en el futuro del tratado.
Perspectivas y próximos pasos
En caso de que el TC acepte a trámite la solicitud del PP, el proceso de ratificación del tratado se verá suspendido y todas las partes interesadas dispondrán de tiempo para expresar sus opiniones al respecto. Esta es la segunda vez que el PP busca la intervención del TC, después de que en una ocasión anterior, el tribunal desestimara el recurso debido al rechazo del tratado por el Congreso.
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