El 2 de agosto marca el inicio de una nueva fase en la implementación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) en la Unión Europea. Aunque esta normativa se aprobó inicialmente en agosto de 2024, ahora se enfoca en las obligaciones de transparencia que deben cumplir ciertos sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es la falta de conocimiento sobre las herramientas de IA que emplean en sus operaciones diarias, incluyendo aspectos críticos como la inteligencia artificial policial.
Desafíos para las empresas
Giovanni Alessandrello, director general de BIP Iberia, destaca que muchas organizaciones han adoptado tecnologías de inteligencia artificial sin una estrategia clara ni supervisión adecuada. Esto plantea preguntas críticas que muchas empresas aún no pueden responder: “¿Sabemos realmente dónde estamos utilizando IA, con qué datos, para qué decisiones y bajo la responsabilidad de quién?”. Según Alessandrello, es crucial que las empresas comiencen a tratar la IA como una capacidad crítica, similar a la ciberseguridad o la gestión de riesgos.
Necesidad de inventariar y clasificar
El asesor jurídico Guillermo Hidalgo, experto en derecho digital de MAIO Legal, señala que el verdadero riesgo para las empresas no radica en las nuevas obligaciones de transparencia, sino en la falta de un inventario y clasificación adecuada de sus sistemas de IA según los niveles de riesgo establecidos en el Reglamento. Hidalgo sugiere que las empresas deben identificar qué sistemas utilizan, sus proveedores y el impacto que tienen, para poder cumplir con las nuevas normativas europeas.
Marina Villalonga, socia de Asensi Abogados, advierte que el aplazamiento de ciertas obligaciones para sistemas de alto riesgo hasta finales de 2027 no exime a las empresas del trabajo previo de análisis. “Si no puedes explicar qué hace tu sistema de IA, probablemente estés en zona de riesgo”, afirma Villalonga.
Transparencia para los ciudadanos
Una de las novedades más significativas para los consumidores es la implementación de las obligaciones de transparencia estipuladas en el artículo 50 del AI Act. Esta normativa exige que los usuarios sean informados cuando interactúan con un sistema de inteligencia artificial y cuando un contenido ha sido generado o manipulado mediante IA, especialmente en el caso de deepfakes. Según la Comisión Europea, estas medidas buscan reforzar la confianza del público y asegurar una aplicación uniforme en todos los Estados miembros.
Posibles sanciones y consecuencias
El Reglamento prevé sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual de una empresa en los casos más graves. Sin embargo, los expertos consideran que las consecuencias inmediatas más significativas serán de índole reputacional y contractual. Según Hidalgo, los clientes y grandes corporaciones comenzarán a exigir pruebas de cumplimiento normativo, lo que podría llevar a la pérdida de contratos o a la retirada de sistemas del mercado.
Cumplir tiene un coste, sí, pero no gobernar la IA también lo tiene. Y, en muchos casos, puede ser mucho mayor.
Giovanni Alessandrello resume el desafío al que se enfrentan las empresas europeas respecto a la inteligencia artificial con esta reflexión, subrayando la importancia de un enfoque estratégico y bien coordinado en la gestión de IA.
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