El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón se encuentra en el centro de las investigaciones relacionadas con los presuntos pagos en metálico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las implicaciones en el caso conocido como Santos Cerdán. Este último ha cobrado relevancia tras las declaraciones de los acusados Víctor de Aldama y Koldo García durante un juicio que también aborda el caso de los contratos de mascarillas.
Presunta trama de corrupción
El juicio, centrado inicialmente en la adjudicación irregular de contratos de mascarillas, reveló la existencia de una supuesta trama de corrupción. Según el informe de la Agencia Tributaria, Víctor de Aldama habría obtenido seis millones de euros mediante una red corrupta que incluía al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Este proceso judicial ha desvelado dos investigaciones adicionales: una sobre pagos en efectivo del PSOE y otra sobre adjudicaciones irregulares de obras públicas, donde supuestamente Santos Cerdán desempeñaría un papel clave.
Declaraciones de implicados
Durante el juicio, Víctor de Aldama detalló la supuesta participación de Santos Cerdán en una red que, según él, existía desde 2015, antes de que el PSOE asumiera el gobierno. De acuerdo con sus declaraciones, Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE, habría sido el líder de esta trama. Aldama explicó que se unió a la red en una posición menor.
El fiscal Luzón decidió modificar sus conclusiones iniciales para proponer una atenuante para Aldama, evitando su ingreso en prisión. Sin embargo, su propuesta debía ser aprobada por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien se opuso. Luzón, no obstante, argumentó que sus declaraciones serían útiles para la justicia.
Incorporación de declaraciones a investigaciones
El pasado 6 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que incorporara las declaraciones de Aldama a una pieza separada. Esta pieza investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes, caso que ganó impulso cuando Ábalos renunció a su escaño parlamentario y perdió su aforamiento.
Investigaciones en curso
El juez Leopoldo Puente, que previamente había ordenado la prisión de Santos Cerdán, solicitó un informe sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) aún no ha entregado dicho documento. Según Puente, Cerdán lideraría una trama que habría generado ingresos de cinco millones de euros.
Se ha pedido al juez que solicite al Tribunal Supremo la incorporación de las declaraciones de Koldo García a la pieza secreta número 9, que investiga presuntos pagos en efectivo por parte del PSOE. Las declaraciones de García, quien cambió su versión y admitió el uso del término “chistorras” para referirse a billetes de 500 euros, son consideradas relevantes para la investigación.
Próximas diligencias
Luzón se encuentra en la etapa de avanzar en el vínculo entre las “chistorras” y los supuestos pagos en metálico del PSOE. Hasta ahora, no se han encontrado pruebas de blanqueo de capitales ni de la existencia de una caja B. Dos días después de las declaraciones, el juez Moreno solicitó al Tribunal Supremo que enviara los testimonios de Aldama y García, mostrando la urgencia de Luzón en avanzar con el caso.
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