La Fiscalía de Baleares ha decidido investigar al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, quien también es un alto cargo de Vox, debido al presunto uso indebido de vehículos oficiales para fines personales. La apertura de diligencias fue comunicada por el ministerio público tras una denuncia presentada por el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) a principios de julio, acusando a Bestard de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Detalles de la denuncia
El documento entregado por los socialistas sostiene que Bestard habría utilizado los coches oficiales del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, donde actúa como conseller, para desplazamientos ajenos a su actividad institucional. Además, se acusa al Consell de haber asumido los costos de combustible y mantenimiento asociados a estos desplazamientos personales.
La denuncia se sustenta en un informe de la Secretaría Técnica del departamento de Bestard, elaborado a petición del equipo de gobierno tras la controversia pública. Este informe revela que el vicepresidente realizó alrededor de veinte desplazamientos a lugares sin actividades institucionales previstas, llenados de combustible en horarios inusuales, y viajes que podrían no tener relación directa con sus funciones.
Reacciones dentro del Consell
A pesar de las conclusiones del informe, un análisis jurídico-administrativo realizado por el secretario general y la interventora del Consell desacreditó las acusaciones, señalando únicamente una “conducta no apropiada” por parte de Bestard. Esta evaluación permitió que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, decidiera no destituir a su vicepresidente y cerrar el caso internamente.
Frente a esto, el PSIB elevó el caso a la Fiscalía para que fuera el ministerio público quien determinara si las acciones de Bestard constituían un delito. Entre los elementos adicionales que el PSIB considera deben ser investigados se encuentran la eliminación de la rotulación institucional de algunos vehículos, un sistema poco convencional de custodia de llaves y justificaciones documentales agregadas de manera posterior a los desplazamientos.
Exigencias de dimisión
Sofía Alonso, consellera socialista en el Consell de Mallorca, se pronunció sobre la apertura de las diligencias por parte de la Fiscalía, expresando que su partido ya había advertido sobre posibles indicios de malversación en las acciones de Bestard. Según Alonso, el vicepresidente habría utilizado bienes públicos para su beneficio personal, en lugar de servir a la ciudadanía.
“Esperamos que acabe en una querella para poder investigar desde el juzgado y resolver este caso flagrante, para nosotros, de uso privativo de bienes públicos”, manifestó Alonso.
Ante la decisión de la Fiscalía, Alonso instó a Bestard a dimitir de su cargo, argumentando que, de no hacerlo, el presidente Galmés debería tomar medidas para destituirlo. la apertura de las diligencias marca un un proceso similar a la investigación del ático de Ayuso paso crucial en el esclarecimiento de las acusaciones y en asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada.
El caso ha captado la atención pública y política, siendo un reflejo de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. La resolución de las investigaciones determinará el curso de acción a seguir por parte de las autoridades competentes.
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