El Gobierno ha anunciado la preparación de un nuevo real decreto que endurecerá los requisitos de construcción en zonas inundables. Este proyecto busca reforzar la seguridad de las edificaciones y proteger a la población ante eventos climáticos extremos, como las inundaciones, que se prevé que aumenten en frecuencia e intensidad debido al cambio climático.
Medidas Principales del Proyecto
Entre las principales medidas propuestas, se encuentra la obligación de elevar la altura de las viviendas en riesgo para evitar que el agua alcance las zonas habitables. Las nuevas construcciones en áreas de alto riesgo deberán tener el primer piso al menos un metro por encima de la cota de agua registrada en inundaciones anteriores. Además, se implementarán restricciones para el uso de bajos y sótanos en estas edificaciones.
- Prohibición de nuevas construcciones residenciales en áreas de alto riesgo.
- Limitaciones en suelos urbanos, como vetar el uso de bajos para zonas habitables.
- Obligación de informar a futuros compradores sobre el riesgo de inundación de los inmuebles.
Adaptaciones para Edificaciones Existentes
Para los edificios ya existentes en zonas inundables, el decreto propone la incorporación de medidas de autoprotección y adaptación para mejorar su seguridad. Estas medidas incluyen la prohibición de usos vulnerables en plantas bajas y la implementación progresiva de cambios de uso para minimizar riesgos.
Refuerzo de Planes Municipales
La normativa también exige que los municipios en zonas de riesgo desarrollen nuevos planes de adaptación, que complementen los actuales planes de Protección Civil. Estas medidas buscan no solo evacuar a la población en caso de emergencia, sino también minimizar los daños materiales mediante el despliegue de barreras temporales y puertas estancas.
“El objetivo es adaptar los edificios y planes municipales para convivir con el riesgo de riadas, minimizando los daños derivados de este tipo de episodios”, explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Compensación por Uso de Terrenos Privados
Una novedad del proyecto es el uso temporal de terrenos privados para almacenar agua durante inundaciones extremas. El Estado podría compensar económicamente a los propietarios de estas tierras, considerándolas de interés general para proteger núcleos urbanos e infraestructuras.
Próximos Pasos
El proyecto de ley está en fase de consulta pública desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre. Una vez concluida esta etapa, se estudiarán las alegaciones y sugerencias recibidas. Posteriormente, el texto revisado pasará por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Se espera que el decreto sea aprobado entre finales de año y principios del próximo, con un plazo de hasta cinco años para que las administraciones implementen las medidas necesarias.
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