Gobierno se enfrenta al Congreso por decretos de pensiones y desahucios

El Gobierno afronta un nuevo desafío en el Congreso con los decretos que buscan revalorizar las pensiones y prohibir los desahucios de familias vulnerables. Tras una derrota sufrida a finales de enero, cuando PP, Vox y Junts se aliaron para rechazar un decreto que incluía ambas medidas, el Ejecutivo intentará nuevamente su aprobación este jueves, pero esta vez como iniciativas separadas, lo que podría derivar en una victoria y una derrota.

Contexto del conflicto

En enero de 2025, el Gobierno perdió un decreto que proponía un aumento del 2,7% para las pensiones contributivas y del 7% para las no contributivas. La oposición, compuesta por PP, Vox y Junts, argumentó que la norma también extendía la prohibición de los desahucios para personas vulnerables, así como el corte de suministros, imponiendo una carga injusta sobre los pequeños propietarios.

En respuesta, el Gobierno decidió dividir el decreto en dos partes: una para las pensiones y otra para los desahucios. Además, alcanzó un acuerdo con el PNV para que la prohibición de desahucios no afecte a aquellos propietarios con una sola vivienda en alquiler.

Posicionamiento de los partidos

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, Junts se ha mantenido firme en su oposición, y su rechazo se centra en el decreto de prórroga antidesahucios, que consideran injusto y poco efectivo. La portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras, manifestó que su partido votaría en contra de la medida, calificándola de injusta y poco efectiva. “Desde Junts sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta”, declaró Nogueras.

Por otro lado, las concesiones realizadas para ganar el apoyo de Junts y el PNV han generado descontento entre los socios de izquierda del Gobierno, quienes consideran que la medida ha perdido su efectividad.

Otras medidas en debate

El pleno del próximo jueves también abordará la convalidación de dos decretos adicionales. Uno de ellos establece medidas urgentes para las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Se prevé una ayuda directa de 72.121,46 euros por persona fallecida, alcanzando los 216.000 euros mediante pagos adicionales. Para las lesiones corporales, las ayudas varían según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con importes que oscilan entre 84.141,7 euros y 2.404,04 euros. Estas cantidades estarán exentas de tributación en el IRPF.

Control de precios en situaciones de emergencia

Asimismo, el Gobierno aprobó un decreto para limitar los precios de productos y servicios tras emergencias que alteren la oferta y demanda. Esta medida surgió en respuesta al aumento de precios de billetes de avión tras el accidente de Adamuz y el cierre de la línea AVE entre Madrid y Sevilla. La norma permitiría al Ejecutivo establecer como precio máximo el registrado 30 días antes del comienzo de la emergencia.