El Congreso se prepara para una nueva votación en torno al decreto-ley que prorroga la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, el cual parece destinado a ser rechazado nuevamente. La mayoría que conforman el Partido Popular (PP), Vox y Junts tiene previsto votar en contra en el pleno del próximo jueves, salvo un cambio de última hora. El Gobierno, consciente de este escenario, planea volver a presentar la propuesta en el Consejo de Ministros con la esperanza de que “a la tercera va la vencida”.
Oposición de Junts
El grupo parlamentario de Junts, liderado por Miriam Nogueras, ha reiterado su decisión de votar en contra del decreto, al igual que hizo el 27 de enero. Argumentan que la medida protege las “okupaciones” y los impagos que afectan a pequeños propietarios, especialmente en Cataluña. La abstención de sus siete diputados sería suficiente para que la propuesta avanzara, pero su postura firme parece asegurar el rechazo, similar a lo que ocurrió en la votación anterior sobre la prórroga antidesahucios.
Detalles del decreto-ley
El decreto en cuestión prolonga la suspensión de los desahucios para familias sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Este acuerdo, alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), introduce la novedad de que dicha suspensión no se aplicará a los arrendadores con dos o menos propiedades. Además, se fortalecen las compensaciones para los pequeños propietarios perjudicados por la moratoria.
El decreto también incluye medidas del “escudo social”, como la extensión de la protección contra el corte de suministros básicos y los descuentos del bono social eléctrico hasta la misma fecha, así como incentivos fiscales para los afectados por desastres naturales y ajustes en las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.
Implicaciones adicionales
La normativa no solo aborda la cuestión de los desahucios. También prorroga la prohibición de despidos para empresas que reciben ayudas públicas y suspende la causa de disolución por pérdidas hasta el cierre del ejercicio de 2026. Las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 no se considerarán en la disolución de empresas.
Subida de pensiones
En paralelo, se votará un decreto separado que contempla la revalorización de las pensiones, el cual se espera sea aprobado unánimemente. Este aumento implica una subida general del 2,7%, alcanzando el 7% para las pensiones mínimas y el 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Sin la convalidación del decreto, los cerca de 13 millones de pensionistas no podrían beneficiarse de estos incrementos durante todo el año.
El decreto de pensiones también abarca otras medidas laborales, como la congelación de las cotizaciones de autónomos en 2026 y exenciones fiscales para los desempleados, aunque no incluye una prórroga del salario mínimo interprofesional debido a un nuevo acuerdo con los sindicatos.
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