El próximo jueves, el Congreso de los Diputados se prepara para una nueva votación sobre el decreto-ley que busca prorrogar hasta finales de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, entre otras medidas. Junts, junto con el Partido Popular (PP) y Vox, se dispone a rechazar nuevamente el decreto, lo que anticipa otra derrota para el Gobierno en este ámbito legislativo.
El contexto del decreto
El decreto-ley que será sometido a votación incluye la extensión de la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Este acuerdo, alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), estipula que la suspensión no se aplicará a arrendadores que posean dos o menos propiedades. Además, se ha fortalecido el sistema de compensaciones económicas para los pequeños propietarios que se vean afectados por esta moratoria.
Junts, sin embargo, ha declarado que votará en contra del decreto por considerar que favorece las “okupaciones” y los impagos que afectan a los pequeños propietarios catalanes, posición que ya manifestaron en la votación del pasado 27 de enero, y que se relaciona con el decreto de prórroga antidesahucios. A pesar de las concesiones ofrecidas por el Ministerio de Vivienda, el partido liderado en el Congreso por Miriam Nogueras mantiene su postura de oposición.
Medidas adicionales del decreto
El decreto también incluye otras disposiciones del denominado “escudo social”. Entre ellas, la prórroga hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos y los descuentos del bono social eléctrico. Asimismo, se contemplan incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la DANA y los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Además, el decreto extiende la prohibición de despido para empresas que reciban ayudas públicas y suspende la causa de disolución por pérdidas provocadas por acontecimientos naturales, evitando considerar las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
Separación del tema de las pensiones
El Gobierno ha decidido separar la cuestión de la revalorización de las pensiones del decreto-ley original, tras su rechazo en enero. La nueva propuesta de revalorización será votada por separado y se espera que reciba el respaldo unánime del Congreso, ya que PP, Vox y Junts han mostrado su disposición a apoyar la medida si se presenta de manera independiente.
Esta revalorización implica un aumento general del 2,7% para 2026, lo que se traduce en unos 50 euros mensuales adicionales para los pensionistas. Las pensiones mínimas verán un incremento del 7%, mientras que las no contributivas y el ingreso mínimo vital experimentarán un alza del 11,4%. Aunque los pensionistas ya comenzaron a percibir estos aumentos en enero, la falta de convalidación del decreto-ley podría comprometer su aplicación durante todo el año.
Otras disposiciones sociolaborales
El decreto-ley de revalorización de las pensiones también incluye la congelación de las cotizaciones de los autónomos para 2026 y exime a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta. Sin embargo, no aborda la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que el Gobierno ha acordado una nueva subida con los sindicatos.
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